El Gobierno de Chile decidió suspender el avance del proyecto astronómico chino que se instalaría en Cerro Ventarrones, en la Región de Antofagasta, tras recibir una serie de advertencias desde Estados Unidos que apuntan a eventuales riesgos estratégicos de esta infraestructura científica.
La medida afecta directamente al proyecto TOM, un telescopio de alta precisión destinado al estudio de objetos cercanos a la Tierra, cuya construcción fue anunciada en enero de 2023 mediante un acuerdo entre la Universidad Católica del Norte (UCN) y el Observatorio Nacional Astronómico de China. Desde Washington, sin embargo, surgieron inquietudes sobre un posible “uso dual” del observatorio, es decir, fines tanto científicos como militares, lo que encendió las alarmas en La Moneda.
Según consigna el medio Ex-Ante, las alertas comenzaron a principios de este año, cuando autoridades diplomáticas estadounidenses —entre ellas la exembajadora Bernadette Meehan y el nuevo emisario republicano Brandon Judd— advirtieron que el telescopio podría tener capacidades para rastrear satélites en órbita, una operación con evidentes implicancias en materia de defensa y seguridad.
A partir de estas advertencias, y tras conocerse que el convenio se firmó entre una universidad privada y una institución estatal china, el Ministerio de Relaciones Exteriores ordenó una revisión legal del acuerdo, la que aún no ha concluido. “Falta precisar el alcance del convenio”, señalaron desde Cancillería, agregando que también se revisará la legalidad del uso de terrenos fiscales que fueron asignados por el Ministerio de Bienes Nacionales.
La controversia no tardó en escalar en el plano internacional. La embajada china en Chile acusó a Estados Unidos de intentar frenar la cooperación científica entre ambos países, calificando el episodio como una muestra más de presiones geopolíticas bajo el alero de la llamada “Doctrina Monroe”.
“Confiamos en que el pueblo chileno no se dejará engañar”, expresó el gobierno chino, subrayando que el TOM cumple funciones similares al telescopio Vera Rubin (LSST), financiado por Estados Unidos y también emplazado en el norte del país.
El congelamiento del proyecto ha reabierto el debate sobre los márgenes de autonomía que tienen las universidades chilenas, especialmente las privadas, para establecer alianzas con potencias extranjeras en materias de alta sensibilidad, como la observación espacial.
Desde diversos sectores académicos y diplomáticos se ha planteado la urgencia de contar con una política nacional que regule de forma clara los convenios internacionales en ciencia y tecnología, incorporando variables como seguridad, soberanía y proyección geopolítica.