Con una amplia mayoría, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general un proyecto de ley que busca restringir el acceso a cargos públicos a personas que mantengan consumo de drogas, obligando a quienes ejerzan funciones de alta responsabilidad en el Estado —así como a quienes aspiren a tales cargos— a someterse a exámenes toxicológicos periódicos.
La iniciativa, que obtuvo 99 votos a favor, 2 en contra y 12 abstenciones, establece la obligatoriedad de test de drogas para el Presidente de la República, ministros de Estado, subsecretarios, parlamentarios, alcaldes, concejales y candidatos a estos y otros cargos de elección popular. El examen deberá aplicarse al menos una vez al año durante el ejercicio del cargo y consistirá en una muestra de cabello procesada en laboratorios autorizados por el Ministerio de Salud. Los resultados serán públicos.
Además del test, los postulantes deberán presentar una declaración jurada que acredite no mantener dependencia a sustancias ilícitas. El objetivo de la propuesta es fortalecer la probidad en la administración pública y garantizar el pleno ejercicio de las funciones de gobierno, con claridad de juicio y responsabilidad.
La diputada Paula Labra (Renovación Nacional), una de las impulsoras de la iniciativa junto a Pamela Jiles (Partido Humanista) y Yovana Ahumada (Partido Social Cristiano), valoró la aprobación y señaló que “el consumo de drogas no es compatible con el ejercicio de los cargos de administración pública, sobre todo este año que es un año electoral”.
Durante el debate, Labra también hizo un llamado al Presidente Gabriel Boric a ser “el primer presidente en someterse voluntariamente al test de drogas”, enfatizando que “si muchos chilenos deben hacerlo por motivos laborales, las autoridades no pueden estar exentas”.
El proyecto fue respaldado por diversos sectores, incluyendo parte del oficialismo, aunque las diputadas del Frente Amplio Lorena Fries y Maite Orsini votaron en contra, y otras 12 abstenciones provinieron de parlamentarios del Frente Amplio, Partido Comunista y Partido Socialista.
Debido a que durante su tramitación se presentaron indicaciones, la iniciativa deberá regresar brevemente a la Comisión de Gobierno Interior, cuyo presidente, el diputado Rubén Oyarzo (Partido Radical), anunció que el proyecto tendrá tramitación urgente. “Creemos que es importante que esta ley se promulgue antes de las elecciones de noviembre, para que los candidatos presidenciales y todos quienes postulen a un cargo público se sometan al test”, afirmó.
Junto a la aprobación del articulado, los parlamentarios respaldaron también un proyecto de resolución para solicitar al Presidente de la República que otorgue urgencia a la iniciativa en el resto de su tramitación legislativa.
