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Paro nacional de profesores en protesta por el aumento de violencia en las escuelas

Este miércoles 7 de agosto, el Colegio de Profesores y Profesoras de Chile llevará a cabo un paro nacional de 24 horas en protesta por los crecientes actos de violencia que afectan a los docentes en diversas partes del país. Esta movilización busca llamar la atención sobre la urgente necesidad de erradicar la violencia de los establecimientos educativos y mejorar las condiciones laborales de los profesores.

El anuncio del paro se realizó tras varios incidentes violentos que han remecido la comunidad educativa, destacando el riesgo psicosocial que actualmente enfrenta la profesión docente. «La violencia en sus distintas formas se ha instalado en nuestra sociedad, afectando gravemente a los establecimientos educacionales y a quienes en ellos trabajan», señaló el comunicado del gremio.

Como respuesta a la situación, diversas escuelas y liceos, incluidos los municipales de Maipú, han comenzado a anunciar la suspensión de clases para dicha jornada, anticipando la participación masiva de educadores en el paro.

Los ejes centrales de la convocatoria incluyen demandas por el fin del agobio laboral, el acoso, el maltrato y las agresiones que sufren los educadores. El Colegio de Profesores y Profesoras también ha puesto en relieve las deficiencias en las condiciones de infraestructura de muchos establecimientos, así como las disparidades salariales y la falta de reconocimiento a las educadoras de párvulos y diferenciales, resaltando una «deuda histórica» que el Estado aún no salda.

«Estamos ante una docencia en crisis, con un número creciente de profesionales considerando abandonar la carrera debido al estrés, la carga laboral excesiva y las condiciones de trabajo indignas», afirmó el gremio.

La comunidad educativa, incluidos trabajadores, padres, apoderados y estudiantes, está llamada a unirse a este esfuerzo por garantizar un entorno de enseñanza seguro y respetuoso, libre de violencia. El Colegio reitera su llamado a las autoridades gubernamentales y al Parlamento para tomar medidas decisivas que aseguren la protección y el bienestar de los docentes y sus alumnos.

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