El Ministerio Público ha presentado una solicitud de formalización contra el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por su presunta responsabilidad en el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio durante su gestión como encargado de Orden y Seguridad de la policía uniformada durante el estallido social.
La petición fue ingresada por el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armandáriz, el martes 2 de enero. Además, se solicita la formalización de Mario Rozas, exgeneral director, y Diego Olate, exsubdirector de la institución, según lo informado en un artículo de prensa publicado esta tarde por el diario La Tercera.
La vocera de gobierno, Camila Vallejo, confirmó la solicitud, indicando que «hay una solicitud de formalización y esperamos la audiencia para tomar una decisión como gobierno. Estamos a la espera de las resoluciones que estime la justicia».
Esta acción de la Fiscalía Centro Norte surge tras un conflicto entre el fiscal Ximena Chong y el general Yáñez, quien ha resistido en al menos cinco ocasiones a prestar declaración como imputado. En una única entrevista con la fiscal, Yáñez utilizó su derecho a guardar silencio.
La fiscal nacional, Jorge Abbott, en 2022 transfirió las investigaciones vinculadas al estallido social a la Fiscalía Centro Norte, destacando la necesidad de realizar diligencias en territorios distintos de dicha fiscalía para abordar la complejidad de los casos.
La fiscal Chong, conocida por su trabajo en el caso del adolescente de 16 años arrojado al río Mapocho, ha enfrentado tensiones con Carabineros, incluso siendo amenazada, según el fiscal Abbott. Estas tensiones se intensificaron cuando la defensa del general Yáñez solicitó la inhabilitación de Chong en la investigación, una solicitud aún no respondida por el fiscal nacional, Ángel Valencia.
Esta situación ha generado tensiones internas en la Fiscalía, con el fiscal Valencia apartando a Armendariz de su papel de suplente como fiscal nacional. Desde la Fiscalía Nacional, se ha desdramatizado la situación, atribuyéndola a una facultad de la autoridad y a «necesidades del servicio».
Aunque la solicitud de formalización aún no ha sido proveída, tanto en el Ejecutivo como en Carabineros, se observa con preocupación cómo esto podría afectar la imagen que la institución había logrado recuperar en parte.
