En el informe recientemente publicado por la Contraloría General de la República, se han señalado importantes observaciones sobre el manejo de la emergencia hidrometeorológica ocurrida entre el 22 y el 26 de junio de 2023 en la región del Maule, específicamente en la comuna de Licantén.
Según los reportes oficiales recopilados, la emergencia dejó un saldo de 1.698 viviendas destruidas y 19 puentes cortados, con un impacto especialmente severo en las comunas de Curepto y Licantén, donde las aguas alcanzaron el sector céntrico de la ciudad.
El diputado Jorge Guzmán, del partido Evópoli, solicitó a la Contraloría investigar posibles irregularidades y carencias en los protocolos preventivos. Específicamente, se destacó la ausencia de activación oportuna del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) y se señaló posibles fallos en la Dirección General de Aguas (DGA) de la región del Maule, lo que llevó a una inacción por parte de los mecanismos pertinentes.
Después de una exhaustiva investigación, la Contraloría constató graves deficiencias en la respuesta del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) durante el paso de un sistema frontal por la región del Maule en junio de 2023, el cual desencadenó el desborde del río Mataquito y resultó en una serie de devastadoras consecuencias.
En el informe se detallan que el SENAPRED no emitió alertas masivas a través del SAE a los residentes de las comunas de Rauco, Hualañé y Licantén, a pesar de la amenaza de inundación. Esta omisión, según el informe, contradice los principios establecidos en el Manual Operacional del Sistema de Gestión de Emergencia, lo cual es preocupante considerando que durante la misma emergencia se emitieron 35 alertas en otras comunas de la región.
En respuesta a estas conclusiones, la Contraloría ha instado al SENAPRED a cumplir rigurosamente los principios de coordinación y apoyo mutuo establecidos por ley, adoptando un enfoque preventivo y realizando las mejoras necesarias en los mecanismos de alerta y gestión de emergencias.
Además, se han detectado deficiencias en la comunicación entre la DGA y el SENAPRED, así como la falta de pruebas regulares del funcionamiento del SAE en ciertas comunas, lo que indica una necesidad urgente de mejorar los procesos de coordinación y verificación.
Es fundamental destacar que, a diciembre de 2023, las comunas de Rauco y Hualañé carecían de un plan comunal para la gestión de riesgo de desastres, lo que resalta la importancia de una planificación multisectorial para proteger a las comunidades de amenazas como las inundaciones.
La Contraloría ha instado al SENAPRED a elaborar, en coordinación con las autoridades pertinentes, mapas de riesgo que representen las amenazas y vulnerabilidades en las comunidades afectadas, con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos.
