La justicia ha programado para el próximo martes 9 de abril, a las 9:00 horas, la formalización del alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy Muñoz, quien enfrenta serias acusaciones por su posible implicación en delitos de fraude al fisco, malversación de fondos públicos, cohecho y soborno. Este proceso ha sido solicitado de manera «urgente» por el fiscal de Alta Complejidad, Nicolás Núñez, ante el Juzgado de Garantía de Rancagua, subrayando la gravedad de los hechos investigados y el significativo número de delitos implicados.
La decisión de avanzar hacia la formalización se fundamenta en un extenso informe de la Contraloría General de la República, que en diciembre de 2022 llevó a cabo una auditoría sobre la gestión municipal en la comuna, capital de la Región de O’Higgins. Dicha revisión arrojó alarmantes irregularidades relacionadas con la contratación de personal y la adquisición de bienes y servicios en la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua. Entre los hallazgos se destacan pagos por servicios no realizados, pagos excesivos, falta de aplicación de multas, y adjudicaciones de licitaciones que no cumplen con las normativas establecidas.
El caso se complica con la vinculación de contratos directos, por un total de $2.328.202.893, a empresas asociadas a Javier Ignacio Cornejo, un viejo conocido del alcalde Godoy. La estrecha relación entre ambos, revelada a través de lazos familiares y sociales, plantea serias preguntas sobre la transparencia y la ética en la gestión municipal.
Además, se han identificado pagos indebidos por servicios de pintura y horas extraordinarias no justificadas, sumando más de $85 millones en gastos cuestionables. La situación se agravó tras los allanamientos realizados el 2 de marzo del año pasado, donde se incautaron importantes sumas de dinero en efectivo tanto en la residencia de Godoy como en sus oficinas municipales.
La militancia de Godoy en el Partido Socialista (PS) se encuentra suspendida desde enero de 2023, medida adoptada por el Tribunal Supremo del partido como precaución ante los preocupantes hallazgos. Esta suspensión se produjo en el contexto de revelaciones adicionales sobre prácticas corruptas, incluida la adquisición de un vehículo en nombre del alcalde por $32 millones y el presunto cobro de «diezmos» sobre adquisiciones municipales, poniendo en evidencia un patrón de conducta que compromete la integridad de la gestión pública.
