Este martes la Cámara de Diputados, aprobó, con 97 votos a favor, 37 en contra y 1 abstención, el proyecto que restringe la capacidad del Presidente de la República para otorgar pensiones de gracia. Medida que surge en respuesta a las críticas por las pensiones otorgadas tras el estallido social.
En su alocución el diputado Hugo Rey representante por la región del Maule, dijo: “No podemos seguir permitiendo que personas con antecedentes penales, incluidos aquellos condenados por delitos como la pornografía infantil, reciban pensiones de gracia. Es inaceptable que ciudadanos honestos y trabajadores sigan en espera mientras delincuentes se benefician de estas pensiones”.
El diputado criticó la lentitud del gobierno en reconocer su facultad para revocar pensiones previamente otorgadas a criminales, una situación que, según él, «ha mostrado una señal de total impunidad hacia los delincuentes». Rey expresó, “Lo que se debela en la práctica con este proyecto de ley es si queremos que delincuentes reciban pensiones de gracia. Nosotros, al menos desde Renovación Nacional, votaremos en contra de los delincuentes y a favor de esta iniciativa porque queremos que ningún delincuente más reciba pensiones de gracia por parte del Estado de Chile.”
El texto aprobado inicialmente por la Sala el pasado 31 de mayo, fue modificado mediante indicaciones que no recibieron el respaldo de la Comisión de Desarrollo Social durante el segundo trámite reglamentario.
El proyecto aprobado establece que no se otorgará la pensión si el solicitante ha sido condenado por delitos graves o ha sido destituido de un cargo público por faltas graves a la probidad administrativa. Además, se añade que no se concederá la pensión en casos de accidente o catástrofe si la afectación fue por imprudencia del solicitante.
La aprobación final estipula que las pensiones de gracia se deben otorgar mediante un decreto supremo fundamentado por el Presidente y sujeto a la toma de razón por la Contraloría General de la República. Se debe informar a la Cámara de Diputados sobre estas pensiones, detallando los beneficiarios y las razones de su concesión. El proyecto también elimina cualquier reserva sobre los actos que concedan o renueven estas pensiones, sus beneficiarios, montos y fundamentos.
El texto ahora despachado al Senado busca cerrar brechas que permitan abusos en la concesión de pensiones de gracia y asegura una mayor transparencia en el uso de recursos públicos.
