La Corte de Apelaciones de Rancagua ha dictaminado que una apoderada deberá abstenerse de emitir comentarios ofensivos o realizar cualquier acción que pueda afectar la honra de una profesora del colegio de su hija. Este fallo se produce tras la acogida de un recurso de protección presentado por la docente de tercer año básico en contra de la apoderada, según informó el Diario Constitucional.
Los hechos y la persecución por Facebook
El incidente se originó durante una actividad de evaluación diagnóstica, cuando la menor solicitó permiso para ir al baño. La profesora, inicialmente, le preguntó si podía esperar, pero al recibir una negativa, autorizó la salida de la niña. Posteriormente, la madre de la menor llegó al colegio de manera alterada, exigiendo explicaciones y emitiendo juicios falsos sobre una supuesta discriminación.
Posteriormente, la apoderada realizó una serie de afirmaciones a través de una transmisión en vivo en Facebook, donde acusó a la profesora de discriminar a la niña por estar enferma, no tener uniforme y no permitirle ir al baño. Además, la docente denunció una persecución en su contra en la red social, con comentarios amenazantes como “si me la topo le saco la chucha donde sea” y “den la dirección para funarla”.
Defensa de la apoderada
En su informe, la apoderada sostuvo que tiene un mensaje de WhatsApp en el que su hija le dice que la profesora no la dejaba ir al baño, asegurando que su hija no miente en ese tipo de situaciones. Además, explicó que la transmisión en vivo fue realizada en un estado de desesperación y que eliminó el video dos días después, negando cualquier persecución posterior.
Fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua
La Corte de Rancagua acogió el recurso presentado por la profesora, constatando que las expresiones emitidas en la red social se referían a la recurrente como una persona que vulnera los derechos de los niños, afectando claramente su honra. El fallo subraya que el derecho a la libertad de expresión tiene como límite el respeto a la honra y dignidad de las personas.
En consecuencia, la Corte ordenó a la apoderada eliminar cualquier declaración ofensiva o atentatoria contra la profesora que no haya sido ya retirada y abstenerse de realizar futuras publicaciones de este tipo por cualquier medio de comunicación social.
