La violencia ginecológica y obstétrica (VGO) representa un grave problema de salud pública tanto en Chile como a nivel mundial. Diversos países, incluyendo Venezuela, Argentina, algunos estados de México y recientemente Chile, han legislado para combatir esta forma de violencia de género que afecta principalmente a mujeres, niñas y adolescentes, impactando negativamente a toda la sociedad.
En particular, las mujeres con discapacidad enfrentan desafíos adicionales, ya que son objeto de discriminación y estigmatización en el ámbito de la salud, además de sufrir violaciones en sus procesos sexuales y reproductivos. Estas violaciones tienen consecuencias directas en su bienestar mental, emocional, físico y sexual.
Un estudio reciente realizado por la Dra. Pía Rodríguez Garrido del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad de O’Higgins (UOH), junto a las investigadoras Andrea Yupanqui-Concha y Cristina Valenzuela-Contreras, aborda esta problemática. Titulado “La violencia gineco-obstétrica y su impacto en la salud mental de las mujeres con discapacidad: un estudio de caso en Chile”, el estudio forma parte del proyecto Fondecyt que investiga las experiencias de maternidad en contextos rurales de Chile. Los resultados han sido publicados en el Journal of Gender Studies.
«Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad son sistemáticamente vulnerados en las instituciones de salud de Chile, incluyendo prácticas como esterilizaciones forzadas, omisión de información, objetivación de cuerpos, estigma sobre la salud mental, pérdida de custodia de hijos e hijas, y la administración de medicamentos sin consentimiento», explica la Dra. Rodríguez.
El estudio destaca la necesidad de abordar la VGO con una estrategia que incluya la capacitación de los equipos de salud y la implementación de medidas preventivas y reparadoras. Es vital fomentar la participación social de las mujeres con discapacidad en la toma de decisiones médicas y en espacios de colaboración con profesionales y tomadores de decisiones.
El estudio de caso involucró a dos mujeres con discapacidad, una visual y otra psicosocial, y tomó en cuenta informes de la sociedad civil presentados ante la ONU y las publicaciones de CIMUNIDIS, liderada por Marcela Benavides. Esta investigación no solo resalta un desafío académico, sino que también enfatiza la responsabilidad social y política de visibilizar realidades frecuentemente ignoradas por la ciencia y la disciplina.
«Es crucial dar visibilidad y prioridad a la realidad de las mujeres con discapacidad en contextos vulnerables del sur global», concluye la Dra. Rodríguez.
