En un fallo que ha generado amplia consternación, el Juzgado de Garantía de Ovalle, liderado por el juez Luis Muñoz, ha concedido libertad bajo fianza a 23 individuos presuntamente involucrados en una vasta red de narcotráfico. La decisión permite a los acusados evitar la prisión preventiva mediante el pago de una fianza de 2 millones de pesos cada uno, a pesar de estar implicados en el decomiso de más de 1.600 kilos de cannabis, valuados en aproximadamente 8.000 millones de pesos.
Este grupo, que operaba un clan familiar extenso dedicado a la producción, distribución y venta de marihuana, fue capturado en un operativo liderado por la Policía de Investigaciones (PDI) de la Región Policial de Coquimbo, que incluyó allanamientos simultáneos en 29 domicilios. Durante las redadas, además de la droga, se incautaron 280 millones de pesos en efectivo y casi 45 mil dólares.
La medida judicial ha sido cuestionada por su aparente lenidad, dado el volumen de drogas y el valor monetario asociado a las actividades delictivas del grupo. La decisión del juez Muñoz de permitir una fianza se basó en el riesgo de fuga, considerando suficiente la fianza para garantizar la comparecencia de los imputados ante la justicia.
La Fiscalía, que había solicitado medidas cautelares más severas ante la magnitud del caso y el peligro potencial para la seguridad pública, ha expresado su desacuerdo con la resolución, anunciando planes para apelar. La ministra del Interior, Carolina Tohá, también ha manifestado su preocupación, destacando la dificultad del Gobierno para comprender decisiones judiciales de esta naturaleza y reafirmando el compromiso gubernamental con el respeto a la independencia del poder judicial, a la vez que subraya la necesidad de medidas más estrictas para individuos considerados una amenaza significativa.
Este caso continúa evolucionando, y la apelación de la Fiscalía buscará revertir la decisión para asegurar que los acusados enfrenten la justicia de manera adecuada, reflejando la seriedad de sus presuntos crímenes.
