En una sesión que duró más de ocho horas, la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile declaro admisible la acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez y Sergio Muñoz Gajardo. La votación concluyó con 97 votos a favor, 25 en contra y 20 abstenciones. Este resultado marca el inicio formal del proceso que continuará en el Senado, donde se evaluarán en detalle los cargos presentados en el libelo acusatorio.
La acusación, presentada por un grupo de 11 legisladores, alega notable abandono de deberes por parte de ambos magistrados. La ministra Vivanco es cuestionada por supuestas actuaciones que comprometerían la independencia, imparcialidad y transparencia judicial. Por su parte, se acusa al ministro Muñoz de revelar información confidencial y de actuar con parcialidad en asuntos judiciales que afectarían directamente a su familia.
Una comisión compuesta por los diputados Ximena Ossandón (RN), Gustavo Benavente (UDI) y Jorge Guzmán (Evópoli) ha sido nombrada para formalizar y llevar adelante la acusación ante el Senado. La Cámara tiene 24 horas para comunicar oficialmente esta decisión al Senado y a los acusados.
Durante el debate, se rechazó la cuestión previa propuesta por las defensas, que buscaba desestimar la acusación antes de entrar al fondo del asunto. La presidenta de la comisión informante, diputada Sofía Cid (IND), defendió la acusación argumentando que ambos ministros habrían comprometido la integridad y la independencia del Poder Judicial.
Este proceso ha generado un amplio debate entre los parlamentarios, reflejando diversas perspectivas sobre la justicia y la función judicial en el país. El abogado Jorge Correa Sutil, defendiendo al ministro Muñoz, calificó las acusaciones de «falsas e inverosímiles», mientras que el abogado Juan Carlos Manríquez cuestionó la legalidad y la relevancia de las evidencias presentadas contra la ministra Vivanco.
La decisión final, ahora en manos del Senado, será crucial para determinar el futuro profesional de ambos ministros y podría tener profundas implicaciones para la percepción pública de la justicia en Chile.
