Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de Rancagua, en el marco de una investigación por infracción a la Ley de Propiedad Industrial, liderada por la Fiscalía Local de Graneros, lograron la incautación de 839 controladores de presión electrónicos falsificados, comercializados en dos locales de la comuna de Mostazal. Las especies, avaluadas en más de $33 millones, eran ofrecidas a precios considerablemente menores que los productos originales.
La investigación se inició tras la denuncia de representantes legales de la marca Bestflow, quienes alertaron sobre la venta de equipos de control electrónico falsificados en la zona. Con el apoyo de peritos del Laboratorio de Criminalística Regional de Rancagua, se determinó que los artículos no cumplían con los estándares del producto original, afectando tanto a la marca como a los compradores que adquirían los dispositivos sin saber que eran falsificados.
Procedimiento judicial y resultados
A raíz de los antecedentes recopilados, el Ministerio Público gestionó una orden judicial de entrada, registro e incautación, la cual fue autorizada por el Juzgado de Garantía de Graneros. Durante el operativo, se incautaron los 839 dispositivos listos para su comercialización en los locales investigados.
Orígenes de los productos
Se estableció que los imputados adquirían los artículos de forma legal a través del comercio internacional, pero los dispositivos no cumplían con las características del producto original, siendo clasificados como falsificados. Esto no solo vulneraba los derechos de la marca afectada, sino que también ponía en riesgo a los consumidores al tratarse de productos que no garantizaban la calidad ni la funcionalidad del diseño legítimo.
Impacto de la incautación
El retiro de estos dispositivos falsificados del mercado representa un avance en la protección de los derechos de propiedad industrial y la seguridad de los consumidores. Además, la operación refuerza el compromiso de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía en la lucha contra el comercio ilegal y la falsificación de productos, delitos que generan importantes perjuicios económicos y sociales.
Las investigaciones continúan para determinar las posibles responsabilidades legales de los involucrados en esta actividad ilícita.
