En un esfuerzo continuo por garantizar la defensa de los derechos de los consumidores, el alcalde de Molina, Felipe Méndez, ha anunciado la renovación del convenio entre el municipio y la dirección regional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). Esta acción posiciona a Molina como la primera ciudad de la región del Maule en reafirmar su colaboración con la entidad de protección al consumidor.
La firma del convenio, que tuvo lugar en la alcaldía, contó con la presencia del director regional de Sernac, Andrés Salas, quien destacó la importancia de mantener una relación cercana y efectiva con las municipalidades para ampliar el alcance del servicio. «Como servicio, nos interesa poder llegar a todos los rincones de nuestra región. La renovación de este convenio es un reflejo de la sana y productiva relación que mantenemos con Molina, facilitando así el acceso directo de los vecinos a nuestros servicios», explicó Salas.
Por su parte, el alcalde Felipe Méndez enfatizó la relevancia de contar con esta unidad en la comuna: «Es vital para nosotros asegurar que los derechos de todos los consumidores sean respetados y que tengan un lugar accesible donde puedan resolver sus inquietudes y presentar denuncias». Méndez también hizo un llamado a los habitantes de Molina a utilizar los recursos disponibles: «Invito a todos los molinenses a que se acerquen a nuestras oficinas, ubicadas frente a la Cuarta Comisaría de Carabineros, donde una dedicada funcionaria está lista para asistirles en todo lo relacionado con consultas y denuncias».
Las oficinas del Sernac en Molina están ubicadas en la Calle Libertad 1308, justo frente a la Cuarta Comisaría de Carabineros. Allí, la encargada, Patricia Serrano Vásquez, y su equipo están listos para recibir consultas y acompañar a los vecinos en la presentación de denuncias, de lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 hrs.
Finalmente, el alcalde Méndez dijo que este acuerdo reafirma el compromiso del municipio y del Sernac para trabajar mancomunadamente en la promoción y defensa de los derechos de los consumidores, evitando que estos deban desplazarse a otras localidades para hacer valer sus derechos, lo que representa un ahorro significativo de tiempo y recursos para los ciudadanos.