El Gobierno de Perú, liderado por la presidenta Dina Boluarte, anunció la noche del domingo la decisión de decretar el estado de emergencia en toda la provincia de Lima y la provincia Constitucional del Callao. Esta medida excepcional, busca combatir el auge del crimen organizado y cuenta con el apoyo directo de las Fuerzas Armadas en conjunto con la Policía Nacional.
El anuncio fue realizado por Gustavo Adrianzén, jefe del gabinete ministerial, quien informó a través de la red social Twitter que la medida fue adoptada tras una jornada especialmente violenta, marcada por el asesinato del cantante de cumbia Paul Flores, vocalista de Armonía 10. Flores fue fatalmente herido en un ataque perpetrado por sicarios en moto al término de un concierto en San Juan de Lurigancho.
Este crimen, que ha conmocionado al país, destaca la creciente amenaza de las bandas criminales que extorsionan a artistas y otros sectores, exigiendo pagos para permitirles continuar con sus actividades. Armonía 10, como otros grupos, había sido amenazado previamente, lo que subraya la urgencia de esta respuesta gubernamental.
Adrianzén expresó sus condolencias a los familiares, amigos y colegas de Flores, asegurando que el gobierno está comprometido en asegurar que este acto no quede impune. Reafirmó además la importancia de la justicia para la víctima y su entorno.
Adicionalmente, se adelantará la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) al martes 18 de marzo, donde se discutirán acciones adicionales para enfrentar el crimen organizado, incluyendo una reforma integral del sistema penitenciario. El Primer Ministro hizo un llamado a la unidad nacional, subrayando que la lucha contra la delincuencia requiere de la colaboración de todos los sectores de la sociedad peruana, «superando nuestras diferencias sean de cualquier índole».
El estado de emergencia permite al gobierno actuar bajo competencias extraordinarias para preservar el orden público y la seguridad ciudadana, limitando temporalmente ciertos derechos constitucionales como la libertad de tránsito y la inviolabilidad del domicilio. Esta medida refleja la gravedad de la situación y la necesidad de respuestas firmes y coordinadas para restaurar la tranquilidad en las áreas afectadas.
