La Municipalidad de Molina enfrenta una sentencia judicial que la obliga a pagar un total de $64.475.375 a trabajadores de una constructora encargada de las obras de alcantarillado en Quechereguas Norte. La demanda, de carácter subsidiario y con más de seis años de antigüedad, fue resuelta a favor de los trabajadores, incluyendo una bodeguera, un cuidador y un maestro albañil, entre otros.
El conflicto comenzó cuando la Constructora Carlos Alberto Siles Carvajal, contratada por la municipalidad para la construcción de los alcantarillados con un presupuesto de 800 millones de pesos, enfrentó múltiples problemas laborales. Los trabajadores, incluidos varios extranjeros, denunciaron malos tratos, condiciones de trabajo degradantes y amenazas de despido, lo que afectó su dignidad y derechos laborales.
En relación con la resolución judicial, el concejal Cristina Martínez (PS) expresó su preocupación respecto a las tácticas dilatorias adoptadas por la alcaldía en la gestión de los procesos judiciales. ‘Convengamos que la cifra final es tres veces lo que inicialmente se debió resolver, que eran 23 millones y que la alcaldesa ha tendido a dilatar la mayoría de los procesos judiciales a los que se ha enfrentado. Cuando digo dilatoria, me refiero a extender los tiempos, apelar y re-apelar, de modo que los casos nunca concluyan. Sin embargo, creo que esta vez la situación se les fue de las manos y ahora debemos pagar alrededor de 70 millones de pesos’, señaló Martínez. ‘Esto supone un impacto directo y muy preocupante para el patrimonio del municipio, afectando considerablemente nuestras finanzas’, añadió.
El concejal Marcelo Lobos (IND) expresó su satisfacción con el fallo judicial, remarcando la responsabilidad solidaria del municipio en contratar empresas que cumplen con las bases de licitación. “Creo que de alguna forma se cumple el derecho de ser solidariamente responsable frente a la contratación de empresas que no cumplen con lo que señalan las bases de licitación y todo lo que se debía hacer en un proyecto aquí en la ciudad de Molina. Por lo tanto, estoy muy contento del fallo. Creo que hoy día la municipalidad ya no puede eludir el pago de este tipo de situaciones.”
Lobos subrayó la necesidad de una gestión administrativa firme y la implementación de un sumario administrativo contra la unidad jurídica que gestionó el caso. Asegurando que será implacable en defender los recursos y derechos de los ciudadanos de Molina, exigió responsabilidades claras y severas a los implicados en dilatar el proceso y afectar las finanzas municipales. “Aquí hay responsables que obviamente dilataron y que, por otro lado, van a afectar las arcas municipales desde el punto de vista de defraudar lo que la gente paga por permiso de circulación y patente. Por lo tanto, vamos a ser sumamente estrictos en exigir el respectivo sumario administrativo a la unidad jurídica que perdió este fallo”, comentó.
Tras seis años de juicio, el Tribunal otorgó un plazo inicial de 15 días a la Municipalidad de Molina para realizar el pago, plazo que no fue respetado. En consecuencia, se ha ordenado, bajo el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, el arresto de la alcaldesa Priscilla Castillo Gerli si no se cumple con el pago dentro de un nuevo plazo de tres meses desde la notificación de la última resolución.
Esta situación también destaca una falla en la ejecución de la boleta de garantía por parte de la municipalidad, complicando aún más el caso. La Municipalidad de Molina no respondió a tiempo a las notificaciones iniciales de la demanda, lo que llevó a la necesidad de medidas judiciales más estrictas para asegurar el cumplimiento.
