En una decisión unánime, la Cámara de Diputadas y Diputados ha aprobado el Proyecto de Ley que da vida al Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Esta nueva entidad estará compuesta por 16 Direcciones regionales, las cuales contarán con atribuciones específicas para gestionar a nivel territorial, fortaleciendo así su rol en la atención a las víctimas sin perjuicio de la delegación de facultades.
Entre las mejoras destacadas de esta nueva institucionalidad se encuentra su carácter de organismo descentralizado y desconcentrado, que brindará asistencia jurídica especializada en diversas áreas, como la atención a niños, niñas y adolescentes, asesoría para adultos mayores, atención en casos de discriminación y migración, impulso de la solución colaborativa de conflictos a través de la mediación, y refuerzo en la atención integral a víctimas de delitos, especialmente los violentos, constituyendo así un pilar esencial en materia de seguridad ciudadana.
El diputado por la región del Maule, Hugo Rey Martínez, expresó tras la votación: «Hemos cumplido. Después de mucho tiempo, se está haciendo justicia con las víctimas de delito. Esta iniciativa, presentada durante el gobierno del Presidente Piñera y que hemos impulsado firmemente, finalmente ha sido puesta en estado para legislar por el Gobierno».
«Aprobamos por unanimidad la propuesta para poner a las víctimas en primer lugar y pasamos al Senado para un segundo trámite constitucional. Espero que se tramite con la misma rapidez, ya que las víctimas de delito no pueden seguir esperando tener una defensa que los respalde», agregó el secretario del diputado.
Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, señaló: «El acceso a la justicia es un derecho fundamental que históricamente ha intentado ser fortalecido en un sistema institucional que hasta ahora era bastante precario».
Claves del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas:
- El texto crea un nuevo servicio integral de alcance nacional a partir de las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia a aquellos que no cuentan con los medios para obtener defensa legal, dotando al Estado de una nueva institucionalidad integral de protección a las víctimas vulneradas en sus derechos fundamentales, para proveerles defensa, reparación, representación jurídica y asistencia psicológica.
- El servicio ofrecerá asistencia jurídica gratuita a personas que requieran orientación legal, defensa y representación judicial, llegando a aquellos que no puedan procurársela por sí mismos o que pertenezcan a grupos de especial protección. Personal profesional calificado proporcionará estas prestaciones, con el apoyo de postulantes al título de abogado que estén realizando su práctica profesional.
- El nuevo servicio atenderá las necesidades de personas naturales víctimas de delitos, brindando asesoría, representación jurídica y asistencia psicológica y social. Para ello, se incorpora una Defensoría de las Víctimas, la cual proporcionará asesoría sobre derechos y medidas de protección, orientación sobre programas estatales y representación jurídica en procesos penales, así como atención psicosocial para mitigar los efectos negativos del delito y evitar su victimización secundaria.
- Reemplaza a las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ), creando una entidad descentralizada y desconcentrada con directores en cada una de las 16 regiones.
- Tendrá cobertura nacional y estará presente en todos los lugares donde haya un tribunal de justicia.
- Reforzará la atención integral a víctimas de delitos, especialmente los delitos violentos, constituyéndose en un pilar esencial en materia de seguridad ciudadana.
- Otorga representación universal a niños, niñas y adolescentes de acuerdo con la ley de garantías.
- En el caso de la Defensoría de las Víctimas y la representación a NNA, se otorgará una atención integral que considere atención jurídica y psicosocial.
- Propicia y facilita la solución colaborativa de conflictos, sin llegar a los tribunales.
- Asesorará y representará a trabajadores y adultos mayores cuyos derechos se vean vulnerados.
- Asesorará en temáticas de Derechos Humanos en casos de normativas antidiscriminación, migración y abusos por parte de agentes del Estado.
- El servicio estará sujeto a estándares que serán controlados con auditorías externas periódicas.
El proyecto fue presentado en enero de 2021 y posteriormente el gobierno actual ingresó indicaciones en diciembre de 2023, aumentando su presupuesto de 800 millones a 12 mil millones de pesos.
Entre sus objetivos también se encuentra promover soluciones colaborativas, siendo la mediación familiar uno de los ejes fundamentales.
En una votación separada, la Sala rechazó parte de la norma que regulaba la asesoría y representación especializada a grupos de especial protección.
