Después de casi dos años desde su promulgación, la ley que regula las Empresas de Aplicación de Transporte (EAT), comúnmente referida como «Ley Uber», entrará en vigor tras la aprobación de su reglamento por parte de la Contraloría General de la República. La legislación, que había sido catalogada como «letra muerta» debido a múltiples retrasos y retiros en su proceso reglamentario, se implementará efectivamente más de dos años después de su firma el 19 de abril de 2023.
El nuevo reglamento comenzará a regir 30 días después de su publicación en el Diario Oficial, tiempo después de lo previsto inicialmente. Según el calendario original, el reglamento debía estar publicado a los nueve meses de la firma de la ley, es decir, en enero de 2024.
El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, expresó su satisfacción por la notificación de la Contraloría, destacando el intenso trabajo realizado por los equipos técnicos del ministerio. «Este reglamento no solo regulariza una modalidad que ya operaba de facto, sino que también establece estándares de seguridad para conductores y pasajeros, además de clarificar las reglas que ya aplican a otros modos de transporte», afirmó Muñoz.
Las empresas del sector, como Uber, Cabify y DiDi, han criticado aspectos del reglamento, particularmente las limitaciones en el número de conductores por vehículo y las exigencias de antigüedad para los autos.
Según estimaciones, más de 40,000 personas, que representan el 40% de los conductores activos en las plataformas, podrían verse directamente afectadas por los nuevos requisitos exigidos.
Por ejemplo, la Ley Uber exige que los vehículos que se utilicen para transporte de pasajeros tengan una cilindrada mínima de 1.4 litros. Esta exigencia aplica para los autos con motor de combustión.
Adicionalmente, destacaron que muchas de las documentaciones requeridas por el reglamento ya son solicitadas por las propias plataformas. De hecho, subrayaron que los estándares de seguridad establecidos por la industria incluso superan las nuevas regulaciones, citando como ejemplo el uso de tecnología de reconocimiento biométrico, una medida que ha sido promovida en colaboración con la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Federico Prada, gerente general de Uber Chile, argumentó que el reglamento «no considera la realidad de esta industria, su aporte a la movilidad o su impacto económico», señalando que el 35% de los conductores activos podrían verse afectados.
El proceso de implementación se detalla de la siguiente manera: la ley y el reglamento entrarán en vigor 30 días tras su publicación oficial. Posteriormente, se abrirá un período de inscripción de seis meses para empresas, conductores y vehículos, seguido por un congelamiento del registro de conductores por 18 meses para evaluar la operación de la ley. Además, los conductores tendrán un año para actualizar su licencia a una profesional, tras lo cual, de no hacerlo, serán eliminados del registro.
El gremio de aplicaciones de transporte, dirigido por la exsenadora Marcela Sabat, ha expresado su descontento, lamentando la falta de diálogo y la rigidez del reglamento, y ha anunciado que recurrirá a instancias internacionales por preocupaciones sobre la protección de datos personales.
En temas de privacidad, representantes de la industria enfatizaron que el acceso del estado a información sensible de millones de usuarios es injustificado y constituye una violación de derechos fundamentales. Confirmaron que han presentado un recurso de ‘téngase presente’ ante la Contraloría para abordar estas preocupaciones.
Explicaron el riesgo potencial con un ejemplo concreto: ‘Si un pasajero realiza viajes frecuentes desde su domicilio a un centro médico, a un templo religioso o a una sede de un partido político, la combinación de datos de geolocalización y horarios podría revelar información delicada sobre su salud, creencias religiosas u otras preferencias personales, exponiéndolo a posibles riesgos de discriminación o mal uso de sus datos’, advirtieron.»
La ley y su reglamento buscan nivelar las condiciones de competencia con otros medios de transporte remunerado, introduciendo regulaciones que garantizan la seguridad y la equidad en el sector.
