Un reciente informe de la Contraloría General Regional ha confirmado una serie de irregularidades en la construcción del complejo habitacional Parque Zapallar, en Curicó.
La investigación fue iniciada tras una denuncia formal realizada en la Cámara por los diputados Hugo Martínez (UDI) y Francisco Pulgar (IND) representantes de la región del Maule Norte, a raíz de las inundaciones sufridas en junio y agosto de 2023 que afectaron gravemente a cientos de hogares.
El informe, basado en una exhaustiva revisión de la cronología y los permisos emitidos para la edificación del proyecto tipo DFL-2 en 2014, destaca el papel del entonces director de Obras Municipales, Carlos Figueroa Vega, quien fue destituido en 2019. La documentación revela cómo, pese a contravenir la normativa urbanística del Plan Regulador Comunal (PRC) de Curicó, el proyecto obtuvo autorizaciones indebidas, alterando el diseño urbanístico de la comuna, particularmente en lo referente al trazado de vías y la zona de área verde.
Una de las irregularidades más preocupantes es el cambio de ubicación de la calle proyectada N°21 (Costanera Santa Teresita) por parte del desarrollador, lo que resultó en una menor distancia de las viviendas a la zona de inundación del estero Guaiquillo, aumentando el riesgo para los habitantes y reduciendo el espacio destinado a áreas verdes.
Además, el informe señala deficiencias en la urbanización del proyecto, incluyendo la falta de acceso desde bienes nacionales de uso público para ambas etapas del complejo. La Dirección de Obras Municipales (DOM) de Curicó ha sido instruida para informar detalladamente las medidas correctivas adoptadas, dentro de un plazo de 60 días hábiles.
Respecto a las responsabilidades de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas del Maule (DOH) por el mantenimiento de las riberas del estero Guaiquillo, el informe concluye que, según jurisprudencia administrativa, dichas labores corresponden a las municipalidades dentro de sus límites comunales, no encontrándose irregularidades atribuibles a la DOH en este caso.
Este informe no solo arroja luz sobre las fallas en la gestión y supervisión de proyectos habitacionales críticos sino también sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control y fiscalización para proteger a las comunidades vulnerables a desastres naturales, garantizando su seguridad y bienestar.
