La situación judicial que enfrenta la gobernadora Cristina Bravo continúa generando repercusiones en la Región del Maule. Recientemente, la Fiscalía confirmó que la gobernadora se encuentra imputada en el marco del Caso Fundaciones, lo que ha provocado una ola de preocupación entre los consejeros regionales de la UDI.
Mirtha Segura, consejera por la provincia de Curicó, expresó su consternación ante la situación: “El GORE ve dañada su imagen y, como institución, queda en pésimo pie ante esta vergonzosa situación. La primera autoridad regional debe actuar con altos estándares de probidad y transparencia, velando por el buen uso de los recursos públicos. Es fundamental estudiar todos los antecedentes para establecer y definir responsabilidades.”
Por su parte, César Muñoz, consejero por la provincia de Talca, lamentó las repercusiones del caso: “Lo que está sucediendo con la gobernadora Cristina Bravo repercute de manera directa en el trabajo que realizamos día a día en el Gobierno Regional y afecta nuestras labores frente a las necesidades de la región. Es desagradable ver cómo su capacidad de gestión se verá mermada mientras dure la investigación, perjudicando la labor de quienes servimos al público de forma limpia y defendemos el buen actuar de la política.”
El caso ha alcanzado un nuevo nivel con la reciente solicitud de quiebra de la fundación Urbanismo Social, después de que el GORE transfiriera 264 millones de pesos para el programa “Juntos y juntas nos sentimos más seguros y seguras”, un proyecto que nunca se ejecutó. Los fondos están actualmente retenidos a la espera de las investigaciones en curso.
Mirtha Segura enfatizó la importancia de recuperar esos recursos: “Urbanismo Social se ha declarado en quiebra y es imperativo recuperar esos recursos. De no ser así, alguien tendrá que responder y reintegrar los fondos que pertenecen a todos los maulinos. Espero que todos los involucrados colaboren para que esto se aclare lo antes posible.”
La última sesión del Gobierno Regional incluyó un informe de una comisión investigadora, que señaló una serie de inconsistencias, incluyendo el traspaso de recursos significativos a fundaciones sin respaldo económico, como Urbanismo Social, que apenas contaba con un millón de pesos como patrimonio.
