Una exhaustiva investigación llevada a cabo por la Unidad de Análisis Criminal y de Alta Complejidad (UNAAC) de la Fiscalía Regional del Maule y la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de Cauquenes ha culminado con la desarticulación de una banda criminal implicada en múltiples robos a lugares no habitados. El operativo, que incluyó la intervención de 40 domicilios desde Valparaíso hasta la Araucanía, concluyó con la prisión preventiva de cuatro miembros de la organización, tras la petición del Ministerio Público.
En el procedimiento, las autoridades incautaron más de 150 millones de pesos en especies, principalmente maquinarias destinadas al sector de la construcción, así como seis armas de fuego, municiones, y chalecos antibalas y anticortes, hallados en diversos puntos incluyendo la populosa población San Gregorio de la comuna de La Granja, en la Región Metropolitana.
Francisco Soto, fiscal jefe de la UNAAC, explicó que la banda tenía operaciones a lo largo de la zona central y sur del país, aprovechando la nueva ley contra el crimen organizado que otorga amplias facultades para investigar este tipo de delitos. «La policía allanó más de 40 domicilios, deteniendo a todos los miembros de la banda», afirmó Soto. Además, se logró establecer la asociación ilícita de los implicados en el contexto de crimen organizado, abarcando delitos desde robo en lugar no habitado hasta tenencia ilegal de armamento.
El jefe de la Prefectura Provincial Linares, prefecto Silvio Copello, resaltó la organización de los delincuentes para cometer estos actos ilícitos y la incautación de un arsenal que utilizaban en sus operaciones criminales.
Por su parte, el prefecto inspector Germán Parra, jefe de la Región Policial del Maule, destacó el trabajo coordinado con las brigadas territoriales que ha permitido realizar investigaciones de largo aliento contra bandas criminales de alcance nacional e internacional, así como la importancia de no descuidar la investigación de delitos menores.
Tras la formalización en Cauquenes, el tribunal accedió a la solicitud de la Fiscalía de establecer un plazo de seis meses para la investigación de la causa, marcando un hito importante en la lucha contra el crimen organizado en Chile.
