Los diputados Hugo Rey, Andrés Longton y Eduardo Durán, representantes de la bancada de Renovación Nacional, en horas de la mañana de este lunes 15 de enero, acudieron a la Contraloría General de la República para presentar una solicitud de auditoría que busque fiscalizar el uso adecuado de recursos públicos en relación con las pensiones de gracia otorgadas a individuos afectados durante el estallido social.
Los diputados expresaron su preocupación por la forma en que se llevó a cabo el proceso de acreditación para la concesión de estas pensiones, a cargo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
En el documento presentado, los legisladores expresaron su inquietud sobre la legitimidad del proceso de acreditación, indicando que «existe una legítima duda acerca de la forma en que se acreditaron las circunstancias». También señalaron que es necesario llevar a cabo auditorías e investigaciones para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos y salvaguardar la probidad funcionaria.
El diputado por la región del Maule, Hugo Rey Martínez, manifestó su preocupación al mencionar que podríamos estar frente a un caso similar a los «falsos exonerados 2». En caso de ser necesario, solicitaron que se remitan los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al Ministerio Público.
Rey Martínez expresó: «Esperamos que el gobierno reconsidere estas indicaciones y permita, con nuevas disposiciones, la posibilidad de revocar estas pensiones de gracia a aquellos que han cometido delitos. Por eso hemos venido a la Contraloría para que realice una investigación completa y audite las últimas pensiones de desgracia otorgadas, ya que creemos que no todas cumplen con los requisitos establecidos por la ley».
En su petición a la Contraloría, los diputados solicitan la revisión de la totalidad de las 418 pensiones de gracia otorgadas, examinando el proceso de acreditación llevado a cabo por el INDH. En caso de irregularidades, instan a remitir los antecedentes a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado para la persecución de responsabilidades penales.
Asimismo, proponen la posibilidad de realizar auditorías aleatorias en una muestra representativa de las pensiones otorgadas, remitiendo los resultados a las autoridades correspondientes si se identifican hechos que podrían constituir delito.
Hugo rey dijo que estas medidas buscan , asegurar la transparencia y legalidad en el proceso de concesión de pensiones de gracia a personas afectadas por el estallido social.
