Un reciente estudio liderado por el académico Armando Durán Bustamante, de la Universidad de Talca, ha puesto de manifiesto el significativo impacto que la delincuencia tiene en el sector de la construcción, revelando que los costos asociados a la criminalidad pueden incrementar el valor final de los proyectos inmobiliarios en hasta un 14%.
La investigación, que aborda un aspecto poco explorado anteriormente, señala que las modalidades de delincuencia más perjudiciales afectan principalmente a los proyectos de extensión, tales como grandes desarrollos urbanísticos que abarcan varias hectáreas y son susceptibles al robo de maquinarias y materiales.
«Los resultados obtenidos indican que las empresas constructoras han tenido que implementar más de 20 nuevas medidas de seguridad, que incluyen desde la instalación de cámaras de vigilancia hasta la contratación de personal adicional para el control de materiales», explicó Durán Bustamante. Estas modificaciones no solo aumentan los costos de construcción, sino que también alargan los tiempos de ejecución de las obras.
El estudio también destaca la variabilidad regional en la incidencia de la delincuencia sobre la construcción, con empresas que operan desde Antofagasta hasta Puerto Montt reportando pérdidas significativas. «Una constructora en la región del Maule ha registrado más de 100 millones de pesos en pérdidas por robos en tan solo ocho meses», señaló el académico.
Las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) corroboran esta tendencia, mostrando una drástica caída del 76.7% en la aprobación de permisos de edificación de viviendas nuevas a nivel nacional en julio de 2024, reflejo de un entorno cada vez más retador para los desarrolladores.
El estudio concluye que los costos adicionales generados por medidas de seguridad son inevitablemente trasladados a los compradores, con más del 10% del costo total de la obra atribuible a la prevención del delito. «Este aumento es finalmente absorbido por los compradores de las viviendas», concluyó Durán.
Este análisis proporciona una perspectiva crucial para entender cómo la delincuencia no solo afecta a las empresas constructoras, sino que también tiene un impacto directo en la economía del sector inmobiliario y en los futuros propietarios.
