El Juzgado de Letras de Molina el pasado emitió una orden de arresto contra Priscilla Castillo Gerli, Alcaldesa de Molina, debido al incumplimiento en el pago de una deuda significativa acumulada por un contratista que se declaró en quiebra. La suma adeudada asciende a $71.209.616, relacionada con un proyecto de alcantarillado que no fue completado por la Constructora Carlos Siles EIRL, empresa que se retiro de la comuna sin pagar los sueldos a los trabajadores que contrato.
El conflicto comenzó cuando la Constructora Carlos Alberto Siles Carvajal, contratada por la municipalidad para la construcción de los alcantarillados con un presupuesto de 800 millones de pesos, enfrentó múltiples problemas laborales. Los trabajadores, incluidos varios extranjeros, denunciaron malos tratos, condiciones de trabajo degradantes y amenazas de despido, lo que afectó su dignidad y derechos laborales.
La demanda, de carácter subsidiario y con más de seis años de antigüedad, fue resuelta a favor de los trabajadores, incluyendo una bodeguera, un cuidador y un maestro albañil, entre otros.
Noticia Relacionada: Alcaldesa de Molina podría ser arrestada si el municipio no paga millonaria indemnización
Según el fallo judicial, publicado firmado el 28 de agosto 2024, la alcaldesa, actuando como representante legal de la Municipalidad de Molina, enfrenta un arresto programado por cinco días, que se llevará a cabo de 22:00 a 06:00 horas, a menos que la deuda sea saldada inmediatamente al momento de ser requerida. Además, se ha impuesto una multa de 1 U.T.M. que deberá ser pagada dentro de los 10 días siguientes a la notificación del fallo, es decir, antes del 7 de septiembre de 2024, en las arcas fiscales de la Tesorería General de la República.
En respuesta a la preocupación pública y los rumores que han circulado, la alcaldesa Castillo emitió una declaración para clarificar la situación: “Es importante que la comunidad entienda que la orden de arresto, aunque severa, no se relaciona con ningún mal manejo personal de fondos, sino con una responsabilidad administrativa heredada de un contratista que falló en sus obligaciones financieras hacia sus empleados.”
La alcaldesa explicó que la municipalidad ha estado activamente intentando recuperar los fondos a través de las garantías de seguro dejadas por la empresa en cuestión. “Nuestra intención siempre ha sido pagar las deudas pendientes. Sin embargo, debemos equilibrar este compromiso con la necesidad de proteger los recursos municipales, utilizando todos los medios legales a nuestra disposición para recuperar el dinero adeudado,” agregó Castillo.
El fallo del tribunal también subraya la necesidad de aplicar medidas coercitivas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de entidades públicas, reflejando la seriedad con la que se toman estos incumplimientos en el sistema judicial chileno.
La Alcaldesa Castillo aseguró a los ciudadanos y a los trabajadores afectados que se están tomando todas las medidas necesarias para resolver la situación lo antes posible, priorizando tanto el bienestar de los trabajadores como la integridad fiscal del municipio.
