Un reciente reportaje de CIPER Chile ha sacado a la luz que varios diputados y senadores mantienen deudas significativas en concepto de TAG, acumulando montos que superan los $500 mil, con algunos casos llegando a cifras millonarias. La investigación realizada por el medio periodístico revisó las cuentas por uso de autopistas de todos los diputados y senadores en ejercicio, encontrando irregularidades considerables.
De los 200 parlamentarios analizados, 18 tienen deudas que superan los $500 mil, con 12 de ellos registrando montos superiores a $1 millón hasta el 13 de febrero pasado. Entre los casos más destacados se encuentra el diputado Boris Barrera (PC), quien acumula una deuda de casi $24,8 millones, siendo el más endeudado según los registros. Le sigue Miguel Ángel Calisto (Demócratas) con $12 millones y Raúl Leiva (PS) con $12,5 millones, aunque este último liquidó casi la totalidad de su deuda tras ser contactado por CIPER.
La investigación también reveló que algunos parlamentarios no eran conscientes de sus deudas, otros afirmaron que sus vehículos son manejados por terceras personas, y algunos han iniciado procedimientos de repactación. Tras la publicación del reportaje, las deudas de 12 parlamentarios fueron pagadas o parcialmente saldadas.
CIPER contactó a cada uno de los parlamentarios implicados para aclarar su situación. A pesar de que algunos legisladores argumentan que se trata de deudas personales relacionadas con un servicio privado, la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa) y la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas subrayan que el impago de estos servicios afecta tanto al operador como al fisco, repercutiendo en el sistema de concesiones y la inversión en infraestructura pública.
Esta situación ha generado una discusión sobre la responsabilidad y el escrutinio público de las obligaciones financieras de los representantes electos, especialmente considerando que algunos de estos montos impagos datan de antes de que los implicados asumieran sus cargos. CIPER sigue investigando y actualizando la situación conforme los parlamentarios regularizan sus deudas y toman medidas para prevenir futuros incumplimientos.
