En un reciente anuncio del Ejecutivo, se reveló un recorte de más de $7.000 millones al presupuesto del Ministerio Público para el año 2025, una decisión que ha generado preocupación y críticas en varios sectores, especialmente en el ámbito de la seguridad pública. Este ajuste presupuestario afectará directamente áreas sensibles como la seguridad de los fiscales, el pago de suplencias, arriendos y servicios básicos, comprometiendo la operatividad de la institución en un momento crucial para la seguridad nacional.
El fiscal Valencia ha expresado su preocupación, señalando que, a diferencia de otras instituciones como Carabineros, la PDI y Gendarmería, el Ministerio Público —encargado de liderar las investigaciones— es el más afectado por estos recortes. Además, se teme que la falta de fondos restrinja la capacidad del organismo para cubrir gastos esenciales como los peritajes extraordinarios y las herramientas tecnológicas necesarias para la persecución de delitos complejos.
El diputado republicano Benjamín Moreno también ha manifestado su rechazo a esta medida, calificándola de “inexplicable golpe a la lucha contra la delincuencia”. Moreno destacó el aumento alarmante de la delincuencia en ciudades como Curicó y criticó la reducción de recursos esenciales en un contexto de crisis de seguridad. “Es indignante que mientras se priorizan gastos para la contratación de operadores políticos y amigos del gobierno, se desproteja a quienes están en la primera línea de la persecución penal,” agregó el diputado, enfatizando que “la seguridad de los chilenos debe estar por encima de cualquier agenda política.”
Esta decisión presupuestaria ha suscitado un amplio debate sobre las prioridades del Gobierno, especialmente en un momento donde la seguridad pública es más crítica que nunca.
Por ultimo Moreno dijo que la reducción en el presupuesto del Ministerio Público es un retroceso en la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y el orden público, justo cuando más se necesita fortalecer estas áreas.
