La Cámara de Diputados aprobó de forma unánime el proyecto de reforma constitucional que establece la inhabilidad para ocupar cargos públicos a quienes hayan sido condenados por delitos contra la probidad. La iniciativa, busca fortalecer la transparencia y la imparcialidad en la función pública.
El proyecto no solo tipifica las causales de inhabilidad y cesación en el ejercicio de funciones públicas para los condenados por estos delitos, sino también propone que estos delitos incluyan la malversación de caudales públicos, el fraude al fisco, y el cohecho.
El diputado por la Región del Maule, Hugo Rey, expresó su firme apoyo a la medida, calificándola como “un paso fundamental para resguardar la democracia y proteger los recursos de todos los chilenos”. Rey destacó que el proyecto también se dirige a comisión para incluir indicaciones adicionales, entre ellas una propuesta por él, que exige el cese inmediato de autoridades que sean sorprendidas consumiendo drogas.
“Este proyecto busca apartar del sistema a quienes corrompen nuestras instituciones y establecer estándares éticos más altos para quienes ocupan cargos públicos. En la Comisión de Constitución trabajaremos para incluir esta indicación crucial”, aseguró Rey.
La normativa, que ahora volverá a la Comisión de Constitución para ser objeto de indicaciones, especifica que las personas condenadas por sentencia firme no podrán postularse ni desempeñar ningún cargo o función pública, incluidos los de elección popular. Además, la ley prevé la posibilidad de rehabilitación a través del Senado, luego de 15 años, a menos que la inhabilidad sea perpetua.
Durante la sesión, legisladores de diversas bancadas valoraron la propuesta por su contribución a combatir la corrupción y reforzar la integridad institucional del país. También se subrayó la importancia de la actuación eficaz de fiscales y jueces en la aplicación de estas normas para recuperar la confianza ciudadana.
