La institución remitirá los antecedentes a los juzgados de policía local, que deberán revisar cada caso y determinar si corresponde aplicar las multas establecidas por la ley.
SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA – El Servicio Electoral (Servel) denunciará ante los juzgados de policía local a 3.760.261 electores que no sufragaron en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025, dando cumplimiento al mandato legal que obliga al organismo a informar estos casos para su posterior tramitación.
La cifra fue dada a conocer por el director del Servel, Raúl García, durante su exposición ante la cuarta subcomisión mixta de Presupuestos, integrada por diputados y senadores. El número definitivo fue establecido luego de revisar y procesar los padrones correspondientes a cada mesa receptora de sufragios, ya que hasta ahora solo existían estimaciones preliminares sobre la cantidad de personas que no acudieron a votar.
Raúl García explicó que el organismo desarrolla un proceso de recopilación de antecedentes para identificar a quienes no aparecen registrados como votantes en los padrones electorales.
«El proceso de captura de información de los padrones electorales de mesa tiene un segundo objetivo, cual es cumplir con el mandato legal que obliga al Servicio Electoral a denunciar a todos aquellos electores que no sufragaron en las elecciones de 2025», señaló.
La presentación del director del Servel se realizó en el marco de la discusión de los recursos presupuestarios que la institución requerirá para 2027, utilizando las labores desarrolladas durante 2026 como parte de la fundamentación de esas necesidades.
Juzgados deberán revisar cada denuncia
La denuncia presentada por el Servel no implica una sanción automática. Cada caso deberá ser tramitado por el juzgado de policía local correspondiente al domicilio electoral del elector, instancia que recibirá los eventuales descargos y resolverá si corresponde aplicar la multa contemplada por la legislación vigente.
El proceso supone el envío y revisión de millones de antecedentes, lo que podría representar una importante carga administrativa para los tribunales locales del país.
Frente a este escenario, el presidente del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, Francisco Ríos, manifestó dudas respecto de la capacidad del sistema para procesar la totalidad de las denuncias y hacer efectivas las sanciones, especialmente en las comunas con mayor cantidad de electores.
En declaraciones a radio Cooperativa, Ríos afirmó que «Casi el 100% de las órdenes de reclusión despachadas por los juzgados de policía local son inefectivas en su cumplimiento. En los hechos, el voto obligatorio se vuelve voluntario, porque el procedimiento no cumple el objetivo».
Asimismo, advirtió que el ingreso de más de 3,7 millones de denuncias representará «una sobrecarga extra» para un sistema que, según indicó, aún mantiene gran parte de su tramitación en formato papel.
«Si el tribunal tiene un sistema computacional ad hoc, puede procesar de inmediato las denuncias en el ingreso, pero si no lo tiene, tiene que hacerlo a mano en un Excel o en un libro de ingreso a mano», explicó.
