La Contraloría General de la República ha iniciado una investigación especial respecto a la transferencia de 3,4 billones de pesos realizada por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) al Fisco, acción solicitada por el Ministerio de Hacienda y que ha suscitado recientes cuestionamientos hacia las decisiones financieras del Gobierno.
Esta medida fue confirmada esta mañana por la Contralora Dorothy Pérez, en respuesta a las preocupaciones sobre la posible afectación patrimonial de Corfo. Según declaraciones a La Tercera, la investigación abordará «las eventuales afectaciones patrimoniales a Corfo y los aspectos presupuestarios relacionados con la transferencia de dichos recursos», incluyendo las modificaciones presupuestarias necesarias que fueron formalizadas por decretos del Ministerio de Hacienda.
Los decretos en cuestión fueron dictados conforme al Decreto Ley N° 1263 de 1975, la Ley N° 21.516 de Presupuestos del Sector Público para el año en curso, y el Decreto N° 2341 de 2022, los cuales fueron aprobados por la Contraloría General de la República.
Desde el Gobierno, se ha explicado que el incremento en los ingresos de Corfo, que sumaron aproximadamente 5,4 billones de pesos, se debe al notable aumento en el valor del litio. De esta suma, 3,4 billones fueron asignados al Fisco, destinados principalmente a financiar mejoras en la seguridad pública, incluyendo la dotación de Carabineros y la adquisición de vehículos policiales, además de inversiones en el sector salud.
El Ministro de Economía, Nicolás Grau, ha defendido la gestión de estos recursos, destacando el cumplimiento de los compromisos de gasto y la regla fiscal del año 2023. «Las acusaciones sobre un gasto excesivo no son ciertas. Estos fueron recursos extraordinarios generados por el alza en el precio del litio, y se utilizó de manera prudente y responsable para atender las necesidades prioritarias del país», afirmó el ministro.
La investigación de la Contraloría busca esclarecer todos los detalles relacionados con esta transferencia para asegurar la integridad en la gestión de los recursos estatales y responder a las inquietudes de la ciudadanía sobre el uso de fondos públicos.
