Este jueves, el Tribunal Constitucional (TC) resolvió acoger los requerimientos presentados por parlamentarios de Chile Vamos y el Partido Republicano, declarando el cese en el cargo de la senadora Isabel Allende Bussi (PS), quien sumaba más de 31 años de trayectoria parlamentaria ininterrumpida.
La decisión del organismo se basa en el artículo 60 de la Constitución Política de la República, que prohíbe a diputados y senadores celebrar o caucionar contratos con el Estado durante el ejercicio de su cargo, estableciendo que quienes lo hagan cesarán en sus funciones. En este caso, la legisladora fue cuestionada por su eventual participación como copropietaria en la fallida compraventa de un inmueble que perteneció al expresidente Salvador Allende, operación que iba a ser concretada por el Ministerio de Bienes Nacionales con fines patrimoniales.
Aunque el contrato no llegó a ejecutarse, el TC estimó que la firma del mismo configuró una infracción constitucional, lo que motivó la destitución. La resolución fue adoptada por ocho ministros del tribunal, marcando un precedente inédito al tratarse de la primera vez que se acoge un requerimiento de este tipo contra un parlamentario.
Junto con la pérdida del cargo, Isabel Allende queda inhabilitada para ejercer cualquier función o empleo público, electivo o no, por un período de dos años, conforme a lo dispuesto en la misma normativa constitucional.
A través de una declaración pública, la senadora expresó su pesar por la decisión, señalando que “siempre actuamos de buena fe y jamás recibimos un peso por un proyecto que no prosperó”, subrayando además que la compraventa nunca se concretó. Afirmó también que “la memoria del Presidente Allende permanecerá intacta” y agradeció las muestras de apoyo recibidas.
Desde el Gobierno, la ministra (s) vocera, Aisén Etcheverry, lamentó el fallo, indicando que “la senadora Isabel Allende representa una trayectoria política, profesional y personal de compromiso democrático que ha marcado profundamente la historia de nuestro país”. Asimismo, expresó que el Ejecutivo “reconoce que existieron errores administrativos” y que se han instruido sumarios internos, pero consideró que la cesación de una senadora electa “constituye un antecedente grave”.
