Una reciente decisión de la Gobernadora Regional, Cristina Bravo, ha generado controversia dentro del Gobierno Regional, al posponer nuevamente la discusión sobre el financiamiento para la construcción del nuevo edificio de la Policía de Investigaciones (PDI) en Curicó, proyecto que ya ha sido aprobado con la Recomendación Social (RS) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
El consejero regional Matías Abaca expresó su preocupación al respecto, indicando que la decisión de postergar el proyecto no envía las señales correctas sobre el compromiso del gobierno regional con la seguridad. «Nos llenamos la boca de querer avanzar en temas de seguridad, y este proyecto impacta directamente en dicho tema», señaló Abaca.
Por su parte, el diputado por la Región del Maule, Benjamín Moreno, criticó la falta de priorización adecuada de los proyectos de seguridad por parte de las autoridades. “las prioridades no están puestas donde deben estar. La seguridad tiene que ser la prioridad nº1 de las autoridades. Esto es una señal pésima cuando se dice respaldar a las policías, es una señal ambigua postergar una discusión en la que se involucra la seguridad de las personas”.
Aún más enfático, el parlamentario señaló, “estamos en una región con infinitas necesidades en materia de salud, transporte y vivienda entre otros, pero es delicado que las prioridades sigan estando determinadas por una persona que está imputada y que está siendo investigada por el mal uso de recursos públicos, eso me parece que es lo más grave, más aún en año electoral”, finalizó.
La Gobernadora Bravo defendió su gestión y el cronograma establecido para discusiones futuras. «Tenemos planificados qué temas vamos a poner en la tabla y cuáles no. La PDI estará en la tabla a fines de agosto o la primera semana de septiembre. Actualmente, tenemos otras prioridades como el Cesfam de Vichuquén», explicó Bravo. Aclaró además que, independientemente de la discusión del financiamiento, la construcción del edificio para la PDI no comenzará hasta 2025.
