Una investigación especial reveló deficiencias en la revisión de antecedentes migratorios y posibles responsabilidades administrativas por la emisión de documentos de identificación.
NANCAGUA, REGIÓN DE O’HIGGINS – La Contraloría Regional de O’Higgins detectó una serie de irregularidades en la entrega de cédulas de identidad a ciudadanos extranjeros en la oficina del Registro Civil de Nancagua, luego de una investigación que permitió establecer incumplimientos en los procedimientos de verificación de documentos migratorios.
De acuerdo con el informe N.º 429 de 2026, el organismo fiscalizador examinó 50 de las 136 cédulas emitidas a extranjeros en dicha oficina, identificando casos en que la entonces oficial civil adjunto tramitó y otorgó documentos pese a que los antecedentes presentados no eran válidos, pertenecían a terceras personas o no permitían comprobar la situación migratoria de los solicitantes.
Entre las anomalías también se encontraron estampados electrónicos cuya autenticidad no pudo ser acreditada, además de documentos que carecían de código QR, lo que impedía verificar la información entregada durante los trámites.
La fiscalización consideró principalmente procedimientos realizados entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022, junto con períodos posteriores, en el contexto de antecedentes judiciales relacionados con una presunta red dedicada a obtener documentos de identificación de manera fraudulenta.
Según las conclusiones de Contraloría, la actuación de la funcionaria involucrada contravino disposiciones de la Ley Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación. Asimismo, se estableció que la institución no contaba con mecanismos de control suficientes para garantizar una adecuada revisión de la documentación migratoria.
El informe también cuestionó que investigaciones disciplinarias anteriores finalizaran sin determinar responsables, pese a que durante esos procedimientos se habían identificado antecedentes relevantes.
Frente a estos hallazgos, Contraloría instruirá un procedimiento disciplinario destinado a establecer eventuales responsabilidades administrativas de los involucrados. Paralelamente, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público para que se investiguen posibles responsabilidades penales.
