Los hechos ocurrieron en jornadas consecutivas y afectaron a un trabajador de una estación de servicio y al conductor de un microbús. El tribunal estableció la responsabilidad del acusado en ambos delitos.
SANTA CRUZ, REGIÓN DE O’HIGGINS – El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santa Cruz condenó a 10 años y un día de presidio efectivo a un hombre, tras establecer su responsabilidad como autor de dos delitos consumados de robo con intimidación cometidos en distintos sectores de la comuna.
En fallo unánime, el tribunal determinó aplicar una pena única por ambos ilícitos, registrados durante octubre de 2025.
De acuerdo con los hechos acreditados más allá de toda duda razonable, uno de los robos ocurrió cerca de las 23:30 horas del 7 de octubre, cuando la víctima se encontraba trabajando en una estación de servicio ubicada en calle Pacífico Marín.
Según estableció el tribunal, el acusado llegó al recinto portando un bidón y solicitó una carga de $2.000 en combustible. Al momento de pagar manifestó que no tenía dinero y posteriormente exigió al trabajador la entrega de efectivo, mientras exhibía un elemento que aparentaba ser un arma de fuego y que mantenía en el cinto de su pantalón.
Ante la intimidación, la víctima entregó $20.000, tras lo cual se concretó la sustracción del dinero.
El segundo hecho ocurrió al día siguiente, 8 de octubre de 2025, y afectó al conductor de un microbús que realizaba el recorrido entre Santa Cruz y San Fernando.
El acusado abordó el vehículo en un paradero ubicado frente al Hospital de Santa Cruz y permaneció como pasajero hasta llegar al sector de Paniahue. Al momento de descender, consultó por el valor del pasaje y posteriormente volvió a utilizar un elemento que aparentaba ser un arma de fuego para intimidar al conductor.
“Ya hagámosla cortita no más”, señaló el sujeto, de acuerdo con los hechos establecidos en la sentencia.
Frente a la amenaza, el conductor entregó aproximadamente $30.000 correspondientes a la recaudación, tras lo cual el autor huyó con el dinero.
La resolución fue adoptada por los magistrados Daniel Ocampo, presidente del tribunal; María Angélica Mulatti; y Alejandro González, redactor del fallo.
Además de la pena de 10 años y un día de presidio efectivo, el tribunal impuso las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos y derechos políticos, junto con la inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo de la condena.
Finalmente, una vez que la sentencia quede ejecutoriada, el tribunal dispuso la toma de una muestra biológica al condenado para determinar su huella genética e incorporarla al Registro Nacional de ADN de Condenados.
