El diputado Benjamín Moreno, del Partido Republicano, cuestiono las recientes declaraciones del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, en relación con el aumento de delitos en zonas rurales y la distribución de recursos del royalty minero.
Durante un evento público, el ministro Valenzuela señaló que, si bien regiones como Maule y O’Higgins presentan altos índices de delitos rurales, otras áreas del país gozan de tranquilidad, y criticó a las municipalidades afectadas por sugerir una falta de recursos, instándolas a «dejar de llorar».
El diputado Moreno respondió duramente a estas declaraciones, describiendo las palabras del ministro como «una grave muestra de desconexión con la realidad que viven miles de familias rurales». Moreno subrayó que la inseguridad en el campo ha crecido exponencialmente debido a la expansión del crimen organizado, desafiando la eficacia del uso de los fondos obtenidos a través del royalty minero.
“Nos dicen que dejemos de llorar, pero los fondos que supuestamente estaban destinados para seguridad han sido utilizados en proyectos que no tienen relación directa con la prevención del crimen”, explicó Moreno, enumerando ejemplos de gastos municipales que, a su juicio, no abordan la urgencia de la seguridad rural, como la compra de vehículos para alcaldes y la creación de centros gastronómicos y áreas verdes.
Además, el diputado criticó la gestión del ministerio en cuanto al manejo de recursos del royalty, cuestionando la efectividad y transparencia en el uso de estos fondos para combatir la delincuencia en áreas vulnerables.
Moreno concluyó su intervención instando al ministro Valenzuela a reconsiderar su posición o a renunciar, afirmando que “Chile necesita autoridades comprometidas con la seguridad de su gente, y un ministro que minimiza la crisis y responde con desprecio a las víctimas demuestra una desconexión total con el mundo rural”.
Este intercambio marca un punto de tensión en el diálogo sobre seguridad rural y la administración de recursos del estado, con implicaciones para la política de seguridad y la gestión gubernamental en las regiones afectadas.
