Un reciente informe de la Contraloría General de la República ha revelado graves irregularidades en la gestión del Hospital de Curicó durante el año 2023. Según el informe N° 581-2024, se detectó que funcionarios del recinto y sus familiares fueron favorecidos en la programación de intervenciones quirúrgicas, accediendo a tiempos de espera considerablemente menores que los pacientes de la lista NOGES (No GES).
La auditoría identificó que al menos nueve funcionarios y sus familiares fueron sometidos a cirugías en tiempos inferiores al promedio de espera sin una justificación válida. Asimismo, se verificó que en 159 casos, familiares de empleados del hospital accedieron a intervenciones en plazos más cortos que los pacientes comunes. En total, 34 personas vinculadas a trabajadores del hospital fueron operadas en menos de 100 días, lo que contraviene las normativas de equidad en la atención.
Otro de los hallazgos relevantes del informe fue la detección de un médico que, sin contar con la especialidad en cirugía pediátrica ni estar en proceso de obtención de esta, participó como primer cirujano en procedimientos realizados a niños de 4 y 5 años. Esta situación, prohibida por la normativa del Ministerio de Salud, llevó a la Contraloría a exigir la adopción de medidas para garantizar que solo médicos especialistas realicen estos procedimientos.
Además, la Contraloría advirtió sobre una alarmante cantidad de cirugías suspendidas el mismo día de su programación. De las 588 intervenciones agendadas, 486 fueron postergadas en el último momento, de las cuales 342 se debieron a causas internas del hospital. También se constató que 18 cirugías de pacientes en lista NOGES fueron reagendadas con una espera superior a los 100 días, incumpliendo la normativa vigente.
Ante estas irregularidades, la Contraloría ordenó al hospital iniciar un proceso administrativo en un plazo de 15 días hábiles para determinar responsabilidades en la priorización indebida de cirugías y en las anomalías detectadas en el pabellón pediátrico. Asimismo, se estableció un plazo de 60 días hábiles para que el hospital presente medidas correctivas que aseguren la transparencia en la programación de intervenciones y eviten la repetición de estos hechos en el futuro.
