POLICIAL

Mujer deberá cumplir cárcel efectiva por cobrar pensión de su madre fallecida en Curicó

La Fiscalía acreditó que la condenada utilizó documentos falsificados para percibir de manera indebida beneficios de Capredena, tras mantener oculto el cuerpo de su progenitora al interior de una vivienda.

CURICÓ, REGIÓN DEL MAULE – A una pena de cumplimiento efectivo fue condenada Ketty de las Mercedes Castro Cáceres, luego de que la Fiscalía lograra acreditar su responsabilidad en un caso vinculado al cobro fraudulento de la pensión de montepío que recibía su madre desde la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

De acuerdo con los antecedentes expuestos en juicio, la mujer mantuvo oculto el cuerpo de su progenitora al interior de una vivienda en Curicó, mientras utilizaba un mecanismo que le permitió percibir beneficios económicos de manera ilícita durante varios años.

El caso quedó al descubierto en julio de 2021, cuando fue encontrado el cuerpo momificado de la madre de la condenada al interior de una casa habitación de la comuna. A partir de ese hallazgo, el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones iniciaron diligencias para establecer las circunstancias del fallecimiento y las razones por las cuales el cuerpo permanecía insepulto.

El fiscal Miguel Gajardo explicó que “a 5 años de presidio efectivo fue condenada doña Ketty Castro Cáceres por los delitos de obtención indebida de prestaciones fraudulentas y además a la pena de 61 días extras por el uso malicioso de instrumento público falso”.

Durante la investigación, junto al cuerpo fueron encontrados formularios de Capredena y huelleros, antecedentes que permitieron orientar las diligencias hacia una eventual vinculación con el cobro de pensiones. Según detalló el persecutor, esos elementos “daban a entender alguna vinculación con dicha caja de previsión”.

Las pericias posteriores permitieron establecer que la fallecida habría otorgado diversos mandatos a su hija para el cobro de sus pensiones. Sin embargo, la Fiscalía logró acreditar que dichos documentos presentaban irregularidades.

En esa línea, el fiscal sostuvo que “al revisar las pericias de los mismos documentos se pudo establecer que estaban falsificados en cuanto a las firmas, en cuanto a las huellas, e incluso más en cuanto a los timbrajes y autorizaciones de los notarios o bien de los oficiales civiles que figuraban en ellos”.

Otro antecedente clave fue la data de muerte. Según informó el Ministerio Público, mediante diligencias periciales, entre ellas análisis del Servicio Médico Legal, se pudo acreditar la identidad de la víctima y establecer una fecha probable de fallecimiento en el año 2011.

Gajardo indicó que, con esos antecedentes, fue posible establecer que la mujer fallecida no pudo seguir otorgando mandatos con posterioridad a su muerte. El fiscal precisó que “se acreditó también una fecha probable de muerte en el año 2011, de acuerdo a los análisis realizados por antropólogos de dicho Servicio Médico Legal”.

El persecutor agregó que parte de los antecedentes permitieron reconstruir cómo se produjo el hallazgo del cuerpo. Según señaló, en 2021, un hijo de la condenada insistió en conocer el paradero de su abuela, momento en que su madre habría reconocido que se encontraba fallecida en una vivienda del sector Aguas Negras.

Tras la presentación de pruebas periciales y documentales, el tribunal condenó a Ketty de las Mercedes Castro Cáceres por los delitos de obtención indebida de prestaciones fraudulentas y uso malicioso de instrumento público falso. Si bien algunos períodos fueron desestimados por prescripción, el tribunal acogió la acusación respecto de los hechos que aún podían ser sancionados.

El fiscal Miguel Gajardo señaló que “si bien el tribunal desechó algunos períodos por la prescripción del tiempo que había transcurrido, pero condenó por ciertos períodos que no estaban cubiertos por dicha prescripción a las altas penas ya señaladas”.

Debido al monto de las penas impuestas, la condenada no accedió a beneficios sustitutivos. Por ello, deberá cumplir poco más de cinco años privada de libertad en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Talca.

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