Este viernes, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Molina dictó sentencia en contra de Olman Alcine, ciudadano de nacionalidad haitiana, por su responsabilidad en el homicidio calificado de Carmen Narcisa Sánchez Sevillano, una joven ecuatoriana cuyo cuerpo fue encontrado a fines de noviembre de 2022 en un predio rural del sector Cerrillo Bascuñán, en la comuna de Molina, región del Maule.
La víctima, quien había llegado a Chile en 2020 y residía en Curicó, fue reportada como desaparecida tras salir de su hogar en Brisas de El Boldo sin dejar rastro el último domingo de noviembre de ese año. Su desaparición movilizó una intensa búsqueda por parte de familiares, amigos y autoridades. Cinco días después, su cuerpo fue hallado cubierto con ramas y zarzamoras, en condiciones que dificultaron su identificación. Peritajes del Servicio Médico Legal y de la Policía de Investigaciones confirmaron que la joven había sido violentada, amordazada y asesinada con extrema brutalidad.
Las diligencias investigativas permitieron establecer que el responsable del crimen fue Olman Alcine, quien residía temporalmente en Molina. El sujeto fue detenido en diciembre de 2022 y sometido a juicio oral, instancia en la cual el Ministerio Público lo acusó de homicidio calificado, considerando las agravantes de ensañamiento y alevosía. La Fiscalía solicitó una pena de 20 años de presidio, mientras que la parte querellante pidió cadena perpetua.
Finalmente, el tribunal resolvió imponer una condena de 21 años de presidio efectivo sin beneficios por el delito de homicidio calificado, además de una pena adicional de 300 días por el delito de hurto, ya que tras cometer el crimen, el imputado sustrajo pertenencias de la víctima.
Durante el juicio, la fiscal Lucy Bustamante calificó el acto como un crimen de “extrema crueldad”, señalando que la violencia ejercida por el acusado era de una brutalidad pocas veces vista en su experiencia profesional. Asimismo, se revelaron antecedentes previos de Alcine por agresiones graves contra otras mujeres, incluyendo episodios de golpizas y violaciones, antecedentes que fueron considerados durante el proceso judicial.
La sentencia marca el cierre de un caso que generó conmoción tanto en la comunidad local como en las colectividades migrantes de la zona, y representa una condena significativa por parte del sistema judicial chileno frente a un crimen de alta connotación social.
