Cristina Bravo, ex gobernadora regional del Maule, ha sido objeto de controversia tras su rápida incorporación a la Dirección Regional del Instituto de Previsión Social (IPS) como coordinadora de Gestión y Control de la red ChileAtiende, solo nueve días después de dejar su cargo gubernamental. El anuncio de su contratación fue comunicado a través de un correo electrónico a los funcionarios del Maule por Luis Martínez, director regional (s) del IPS, generando sorpresa y críticas entre el personal, dijo el parlamentario.
Según la información revelada por diario La Prensa, el mensaje interno destacaba la importancia de apoyar a Bravo en su nuevo rol, en el cual se espera que contribuya a la gestión interna y coordinación en las 30 comunas de la región. Sin embargo, esta rápida transición ha levantado acusaciones de amiguismo político y falta de transparencia en el proceso de selección.
El diputado Benjamín Moreno ha sido especialmente crítico respecto a este nombramiento, señalando que evidencia una problemática continuidad de favores políticos dentro de la administración pública. «Lo que vemos con la designación de Cristina Bravo es un claro ejemplo de amiguismo político y un premio de consuelo. Es preocupante que, apenas días después de ser rechazada por la ciudadanía, ya esté instalada en otro cargo público relevante, sin un concurso que justifique su contratación», afirmó Moreno.
Además, Moreno expresó su preocupación por los antecedentes de Bravo, quien ha sido investigada por presunta malversación de fondos en el caso Fundaciones, cuestionando la idoneidad de permitirle ocupar cargos estratégicos. «Es alarmante que alguien con investigaciones pendientes por mal uso de fondos públicos continúe obteniendo posiciones de poder. Esto refleja una falta de compromiso con la transparencia y la meritocracia por parte del Gobierno», agregó el parlamentario.
El diputado también hizo hincapié en la disparidad entre el acceso rápido de Bravo a un nuevo puesto y las dificultades que enfrentan miles de chilenos para encontrar empleo, lo cual considera un reflejo de un sistema desequilibrado. «Mientras el ciudadano promedio puede tardar hasta 10 meses en encontrar trabajo, vemos cómo los favores políticos permiten a algunos moverse rápidamente de un cargo a otro. Esto no solo es injusto, sino que daña la confianza en nuestras instituciones. Necesitamos un cambio hacia una mayor transparencia y equidad en la administración pública«, concluyó Moreno.
