Tras una audiencia que se extendió por casi nueve horas, el tribunal ordenó la medida cautelar para la totalidad de los formalizados.
TALCA, REGIÓN DEL MAULE – En prisión preventiva quedaron los diez imputados en la investigación que involucra a funcionarios de las municipalidades de Colbún, Villa Alegre, San Javier y Longaví, además del Gobierno Regional del Maule y una empresa constructora, luego de una extensa audiencia desarrollada en el marco de la causa por presuntos delitos económicos.
De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía Regional del Maule, la audiencia se prolongó durante casi nueve horas, instancia en la que el Ministerio Público consiguió que el tribunal decretara la medida cautelar de mayor intensidad para la totalidad de los formalizados.
Los imputados fueron formalizados por delitos que incluyen cohecho, fraude al Fisco y soborno, entre otros ilícitos que son materia de la investigación. El tribunal estableció además un plazo de cuatro meses para el desarrollo de las diligencias investigativas.
Tras conocerse la resolución judicial, se dispuso que los siete hombres fueran trasladados a la cárcel La Laguna, mientras que las tres mujeres ingresaran al centro de reclusión femenino, según informó Fiscalía durante la noche del lunes.
La causa corresponde a una investigación desarrollada por el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI), que indaga eventuales irregularidades relacionadas con recursos públicos y que derivó en la detención de diez personas vinculadas a organismos municipales, el Gobierno Regional y el ámbito privado.
Entre las instituciones alcanzadas por las diligencias se encuentra el Gobierno Regional del Maule, desde donde se informó que dos trabajadores de carrera están involucrados en la investigación. Según explicó previamente el gobernador Pedro Álvarez-Salamanca, ambos se desempeñaban como administradores de proyectos; uno presentó su renuncia y el otro permanece suspendido de sus funciones mientras se desarrolla un sumario administrativo.
La autoridad regional sostuvo además que los hechos investigados se remontan a 2024, antes del inicio de su administración en enero de 2025. De acuerdo con sus declaraciones, en abril de ese año el GORE presentó una denuncia ante la Fiscalía y posteriormente, durante abril de 2026, interpuso una querella criminal contra la empresa involucrada y quienes resulten responsables.
Álvarez-Salamanca indicó que la institución ha entregado los antecedentes solicitados por Fiscalía y la PDI durante el desarrollo de las diligencias y aseguró que se adoptaron medidas administrativas y judiciales una vez conocidos los hechos.
Con la resolución adoptada por el tribunal, los diez formalizados permanecerán privados de libertad mientras continúa la investigación, cuyo plazo fue establecido en cuatro meses y durante el cual el Ministerio Público continuará reuniendo antecedentes para determinar las responsabilidades penales correspondientes.
