La última encuesta de Plaza Pública, realizada por Cadem en la cuarta semana de marzo, revelo importantes cambios en la percepción pública sobre diversas instituciones y temas de actualidad en Chile. Entre los hallazgos más destacados se encuentra la notable caída en la aprobación de la Policía de Investigaciones (PDI), la cual ha experimentado un desplome de 26 puntos, marcando la peor caída de la institución en los últimos ocho años y posicionándose por debajo de Carabineros por primera vez desde 2016.
Este cambio de percepción surge en un contexto marcado por la formalización del exdirector general de la PDI, Sergio Muñoz, quien ha sido enviado a prisión preventiva por delitos reiterados de violación de secreto. Este caso ha capturado la atención del 58% de los encuestados, convirtiéndose en la noticia más relevante de la semana.
La investigación contra Muñoz, que se hizo pública a través de un reportaje de Ciper Chile, implica al exdirector en el traspaso de información confidencial a terceros, afectando gravemente la credibilidad de la institución.
Además, la encuesta abordó temas como el Censo 2024, donde un 96% de los encuestados está al tanto de su realización, y un 77% asegura que responderá las preguntas cuando su hogar sea censado, aunque un 6% declara que se negará a participar.
En cuanto a las próximas elecciones municipales, el 64% de los participantes en la encuesta se muestra en desacuerdo con la propuesta de realizar las votaciones en dos días, mientras que un 62% está en desacuerdo con el fin de la ley seca durante las jornadas electorales.
En lo que respecta a la evaluación de instituciones, los Bomberos continúan liderando con un 98% de aprobación, seguidos por el Registro Civil y la Armada. En contraste, el Congreso y los partidos políticos se mantienen como las entidades peor evaluadas por la población.
Estos resultados reflejan no solo cambios en la percepción pública de las instituciones de seguridad del país, sino también preocupaciones y prioridades actuales de la sociedad chilena, desde la integridad en el manejo de información confidencial hasta la participación cívica en procesos democráticos fundamentales como el censo y las elecciones municipales.
