POLICIAL

Caso de firmas digitales en el Senado suma antecedentes y pone bajo atención a representantes del Maule y O’Higgins

El Juzgado de Garantía de Valparaíso declaró admisible una querella por presunta falsificación documental, mientras nuevas declaraciones del senador Juan Luis Castro incorporan a la controversia a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic.

VALPARAÍSO, REGIÓN DE VALPARAÍSO. — Un nuevo avance judicial registra la controversia por el presunto uso irregular de firmas digitales en el Senado, luego de que el Juzgado de Garantía de Valparaíso declarara admisible una querella relacionada con la tramitación de documentos destinados a retirar permisos constitucionales de dos parlamentarios que se encontraban fuera del país.

La acción judicial, presentada contra quienes resulten responsables, apunta a esclarecer eventuales irregularidades en documentos vinculados a los senadores Ximena Órdenes y Fidel Espinoza, quienes señalaron no haber firmado ni autorizado las solicitudes que buscaban modificar sus permisos para ausentarse del territorio nacional.

Según los antecedentes de la resolución del 20 de noviembre, el tribunal consideró que los hechos denunciados podrían comprometer el principio constitucional de probidad pública, por lo que dispuso remitir los antecedentes al Ministerio Público para su investigación.

La decisión también desestimó la solicitud de inadmisibilidad presentada por la defensa y abordó la petición de promover un eventual desafuero, indicando que deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 416 del Código Procesal Penal.

La admisibilidad de la querella no constituye una declaración de culpabilidad ni acredita la comisión de los delitos denunciados, materias que deberán esclarecerse mediante las diligencias correspondientes.

Declaraciones incorporan nuevos antecedentes a la controversia

El caso adquirió una nueva dimensión política tras las declaraciones del senador Juan Luis Castro, representante de la Región de O’Higgins, quien señaló que la iniciativa de revisar los permisos constitucionales habría surgido de una conversación con la senadora por el Maule y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic.

En una entrevista publicada por La Tercera, el parlamentario sostuvo: “Lo sabíamos Vodanovic y yo. Y yo fui el que le indiqué al coordinador, le reiteré lo que ya le había pedido Paulina, que se iniciara la tramitación del procedimiento”.

A raíz de estas afirmaciones, el abogado Raimundo Palamara, representante de la Fundación Fuerza Ciudadana, organización querellante en la causa, anunció que solicitará que la senadora sea citada en calidad de imputada para esclarecer su eventual participación en los hechos.

Se trata, por ahora, de una solicitud anunciada por el abogado, sin que los antecedentes aportados permitan establecer que dicha citación haya sido decretada.

Castro descarta falsificación y atribuye lo ocurrido a un error administrativo

En sus declaraciones a distintos medios, el senador de O’Higgins negó que existiera manipulación o falsificación de firmas, asegurando que el procedimiento debía contar con la autorización de los parlamentarios involucrados.

Según su versión, al conocer que no se había logrado establecer comunicación con los senadores que se encontraban en el extranjero, dispuso revertir la tramitación iniciada.

El parlamentario atribuyó lo sucedido a problemas de coordinación administrativa y sostuvo que las solicitudes se gestionan mediante mecanismos de firma digital utilizados habitualmente en el funcionamiento del Senado.

Origen de la controversia y próximos pasos

El conflicto surgió durante la discusión de la Ley de Presupuestos, cuando la eventual revocación de los permisos constitucionales de parlamentarios ausentes podía modificar el quórum requerido para determinadas votaciones.

La controversia adquirió relevancia luego de que los senadores afectados manifestaran que no habían autorizado los documentos utilizados para efectuar el trámite.

Con la querella declarada admisible, corresponderá al Ministerio Público determinar las diligencias investigativas pertinentes, establecer cómo se gestionaron los documentos y esclarecer si existieron responsabilidades penales.

LO ULTIMO