El parlamentario por el Maule cuestionó el procedimiento utilizado para clausurar el recinto y advirtió sobre sus efectos para las tradiciones asociadas al mundo rural. Desde el municipio sostienen que la medialuna operaba sin los permisos correspondientes.
SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA – La clausura de la medialuna utilizada por el Club de Huasos de Peñalolén llegó hasta la Contraloría General de la República, luego de que representantes del Partido Republicano y de la organización solicitaran un pronunciamiento sobre la legalidad del procedimiento ejecutado por el municipio. Entre quienes acudieron al organismo fiscalizador estuvo el diputado por el Maule y jefe de la Bancada Republicana, Benjamín Moreno.
La presentación busca determinar si fueron respetados los procedimientos y plazos administrativos previos a la clausura, medida que fue ejecutada el lunes 7 de septiembre después de que los administradores fueran notificados durante la noche del viernes anterior. El requerimiento también plantea revisar si existió una instancia para formular alegaciones antes de concretar el cierre.
La controversia tiene dos posiciones. Desde la Municipalidad de Peñalolén, el alcalde Miguel Concha defendió la decisión señalando que la medialuna no contaba con permiso de edificación ni patente comercial para funcionar. También se ha informado que el terreno está emplazado en una zona considerada de riesgo por remoción en masa asociada a la Quebrada de Macul.
Moreno, en tanto, sostuvo que su cuestionamiento no desconoce las atribuciones fiscalizadoras de los municipios ni la obligación de cumplir la normativa, sino que apunta al procedimiento utilizado para concretar la medida y a las consecuencias que, a su juicio, puede tener para las actividades tradicionales.
El parlamentario calificó el cierre como una “pésima señal” para el mundo del rodeo y las tradiciones relacionadas con el campo chileno. “Una medialuna no es solamente el lugar físico donde se practica rodeo. Es el punto de encuentro de una tradición mucho más amplia y por eso su cierre no puede mirarse como un hecho aislado. Cuando se cierran estos espacios, la señal que se entrega es preocupante para todo un mundo que durante generaciones ha trabajado por conservar una parte importante de nuestra identidad campesina”, señaló.
El diputado por el Maule también vinculó la discusión con los distintos oficios que se desarrollan en torno a esta actividad y que mantienen una presencia histórica especialmente en las regiones rurales.
“Quienes vivimos en el Maule conocemos muy bien ese mundo. Detrás del rodeo están los talabarteros, quienes confeccionan nuestras chupallas, mantas y chamantos, quienes fabrican espuelas y aperos, los criadores y muchos otros oficios que trascienden con los años. Por eso cuando hablamos de proteger esta actividad, también estamos hablando de preservar una parte importante de la cultura y de la identidad del campo chileno”, afirmó Moreno.
El legislador planteó además que lo ocurrido en Peñalolén debe ser observado ante la posibilidad de que situaciones similares puedan presentarse en otras comunas.
“Por eso lo ocurrido en Peñalolén no nos puede resultar indiferente. Una cosa es fiscalizar, exigir que se cumpla la normativa y corregir aquello que corresponda, y otra es que esas facultades terminen convirtiéndose en una vía para cerrar medialunas. Esa es una señal que nos preocupa y frente a la cual creemos que es necesario actuar”, enfatizó.
El requerimiento fue presentado junto a representantes republicanos y del Club de Huasos de Peñalolén, organización que tiene 75 años de historia, tras ser fundada en 1951. Desde el club han reconocido la existencia de construcciones que no estarían regularizadas, aunque sostienen que buscaban reunirse con el municipio antes de la clausura.
Finalmente, Moreno señaló que esperarán la resolución del organismo fiscalizador. “Lo que no corresponde es intentar conseguir mediante decisiones administrativas aquello que no se ha logrado por la vía legislativa. Por eso recurrimos a Contraloría y ahora esperaremos su pronunciamiento respecto de la legalidad de lo ocurrido en Peñalolén”, concluyó.
Hasta el momento, corresponderá a la Contraloría determinar si el procedimiento administrativo cuestionado se ajustó a derecho, mientras la clausura mantiene abierto el debate entre el municipio, representantes del Club de Huasos y parlamentarios que recurrieron al organismo.
