Londres difundió una guía para respaldar a compañías vinculadas económicamente al archipiélago, mientras Buenos Aires rechazó la medida y anunció que profundizará sus acciones administrativas, diplomáticas y judiciales.
BUENOS AIRES, ARGENTINA – La histórica disputa entre Argentina y Reino Unido por la soberanía de las islas Malvinas/Falkland sumó un nuevo capítulo luego de que el Gobierno británico publicara una guía destinada a empresas que mantienen o proyectan actividades económicas en el archipiélago, medida que recibió una inmediata respuesta de la Cancillería argentina.
El documento británico, denominado “Doing business with the Falkland Islands”, fue difundido este martes 15 de septiembre y entrega orientación a empresas, proveedores e inversionistas frente a las medidas impulsadas recientemente por el Gobierno argentino contra compañías relacionadas con actividades económicas y la explotación de recursos naturales en las islas.
Londres sostiene en el documento que Argentina no tiene jurisdicción para aplicar su legislación interna en las islas ni sobre las empresas que desarrollan negocios vinculados a ellas. El Gobierno británico expresó además su respaldo a las actividades económicas que considera legítimas y a la explotación de recursos naturales, incluidos los hidrocarburos.
La guía contempla además orientación para compañías o particulares que reciban comunicaciones de autoridades argentinas. Según la posición británica, las medidas adoptadas por Buenos Aires no tendrían jurisdicción fuera de Argentina, mientras el Gobierno del Reino Unido manifestó su disposición a brindar asistencia ante eventuales presiones relacionadas con actividades desarrolladas en las islas.
La respuesta argentina se conoció horas después. La Cancillería manifestó su rechazo a la iniciativa británica y ratificó el reclamo argentino de soberanía sobre las islas, junto con advertir que continuará aplicando su legislación a las empresas que desarrollen actividades que Buenos Aires considere no autorizadas.
— Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) September 15, 2026
El Gobierno argentino informó que ha enviado cerca de 180 advertencias a personas y empresas de 30 países, mantiene 60 procedimientos administrativos en curso y ha presentado tres denuncias penales que involucran a diez compañías y sus directivos.
Uno de los principales puntos de controversia corresponde al proyecto petrolero Sea Lion, previsto en la Cuenca Malvinas Norte y relacionado con las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. Argentina cuestiona las autorizaciones para desarrollar el proyecto, mientras las empresas sostienen que poseen licencias válidas otorgadas por las autoridades de las islas.
La controversia se intensificó durante las últimas semanas luego de que el Gobierno del presidente Javier Milei anunciara un proyecto de ley destinado a endurecer las sanciones contra compañías relacionadas con actividades en el archipiélago. La propuesta busca ampliar las medidas existentes y eventualmente alcanzar a empresas vinculadas indirectamente con la explotación de recursos naturales.
Desde Buenos Aires también anunciaron que ampliarán las acciones legales contra empresas relacionadas con actividades hidrocarburíferas, sumando nuevas compañías a las actuaciones ya iniciadas.
Pese al endurecimiento de las posiciones, la Cancillería argentina reiteró su disposición a retomar negociaciones bilaterales con Reino Unido respecto de la disputa de soberanía sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes.
La disputa territorial permanece sin resolver. Argentina sostiene su reclamo de soberanía sobre las islas, mientras Reino Unido mantiene su administración y las considera un territorio británico de ultramar. La cuestión continúa además bajo tratamiento internacional en Naciones Unidas, donde existen resoluciones que reconocen la existencia de una disputa de soberanía y han llamado a ambas partes a buscar una solución negociada.
El nuevo cruce incorpora ahora un componente económico y empresarial más amplio, con sanciones, procedimientos administrativos, acciones judiciales y proyectos vinculados a la explotación de hidrocarburos en el centro de una controversia diplomática que vuelve a elevar la tensión entre Buenos Aires y Londres.
