La controversia por los 56 beneficios otorgados a condenados por violación y abuso sexual contra menores suma nuevos antecedentes, luego de que Reportajes T13 diera a conocer casos de personas que recuperaron su libertad tras acceder a reducciones de condena.
SANTIAGO, CHILE – La permanencia del ministro de Justicia, Fernando Rabat, quedó en el centro de una nueva controversia política luego de que partidos de oposición solicitaran al Presidente José Antonio Kast su remoción y anunciaran el inicio de gestiones para una eventual acusación constitucional, a raíz de las reducciones de condena concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
La solicitud fue acordada durante una reunión realizada el viernes 23 de octubre y respaldada mediante una declaración conjunta de las bancadas de diputados del Frente Amplio, Partido Socialista, Partido Comunista, Democracia Cristiana, Partido por la Democracia y Partido Liberal, cuyos representantes cuestionaron las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia.
En el comunicado, las colectividades calificaron las rebajas de penas como una “indignante decisión” y anunciaron que comenzarán a recopilar antecedentes jurídicos para evaluar la presentación de una acusación constitucional contra el secretario de Estado.
“Una vez recabados los antecedentes, anunciaremos nuestra definición conjunta el día miércoles 28 de octubre en el Congreso Nacional”, señalaron los partidos, que también llamaron a otros sectores políticos a participar en la discusión.
El pronunciamiento surge tras conocerse que, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, el Ministerio de Justicia autorizó 56 reducciones de condena, correspondientes a 29 casos de violación y 27 de abuso sexual, en procedimientos que han abierto cuestionamientos sobre la aplicación de los beneficios y la protección de las víctimas.
Entre los antecedentes que han profundizado la controversia figura una investigación de Reportajes T13, que identificó casos de beneficiados en las regiones de O’Higgins y Valparaíso, incluyendo personas que ya habrían recuperado su libertad.
En la Región de O’Higgins, el reportaje dio cuenta de un médico condenado en octubre de 2022 por cuatro delitos de abuso sexual contra pacientes, luego de una investigación que reunió cerca de 20 denuncias de mujeres. Según la información recopilada por el medio, el profesional ya se encontraría en libertad y estaría dedicado a una actividad comercial ajena al ejercicio de la medicina.
En tanto, en la Región de Valparaíso, se identificaron otros tres condenados beneficiados con reducciones de pena. Dos de ellos pertenecían al entorno cercano de una misma víctima: uno fue condenado por violación reiterada y el otro por abuso sexual. Un tercer caso corresponde a un trabajador sentenciado el 18 de diciembre de 2015, por agresiones sexuales contra al menos cuatro personas.
Otro beneficiado aseguró que la resolución fue inesperada. “Fuimos uno de los pocos beneficiados respecto a este tema, fue de la noche a la mañana”, declaró a Teletrece, indicando que obtuvo una reducción de nueve meses de prisión.
Desde el Ministerio de Justicia, Rabat ha sostenido que las resoluciones respondieron a la aplicación del marco jurídico vigente y a interpretaciones de la Corte Suprema sobre hechos anteriores a la modificación legal de 2022, que restringió estos beneficios para condenados por determinados delitos sexuales contra menores.
No obstante, la discusión también se ha extendido al ámbito judicial, debido a la existencia de fallos con distintos criterios sobre la procedencia de las rebajas. Entre ellos figura una resolución de febrero de 2026 en que la Corte Suprema rechazó el recurso de amparo de un condenado que solicitaba acceder al beneficio.
La controversia mantiene abierto el debate sobre la aplicación de la legislación penal, las responsabilidades administrativas y las garantías de protección para las víctimas, mientras la oposición prepara una definición respecto de las acciones constitucionales anunciadas.
