La investigación dejó 16 detenidos y el bloqueo de tres servicios de televisión por internet. Autoridades alertan sobre la posible exposición de datos personales y financieros, mientras se analiza la situación de los usuarios que contrataron estas plataformas.
SANTIAGO, CHILE – La instalación de aplicaciones de televisión por internet de origen desconocido puede representar riesgos para la seguridad de los datos personales y bancarios de sus usuarios, advirtió la Policía de Investigaciones (PDI), tras un operativo que permitió desarticular una organización dedicada a comercializar servicios ilegales de IPTV en Chile.
El procedimiento, desarrollado junto a la Fiscalía Metropolitana Oriente, dejó 16 personas detenidas y permitió identificar movimientos económicos asociados a suscripciones por cerca de $4.500 millones, en una investigación que abarca operaciones realizadas desde 2018.
Las diligencias estuvieron a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual (BRIDEPI) y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Metropolitana (BRILAC), cuyos equipos realizaron allanamientos en inmuebles de la Región Metropolitana y La Araucanía.
Según los antecedentes entregados por el Ministerio Público, alrededor de 400 mil personas habrían contratado estos servicios, comercializados mediante plataformas que ofrecían acceso a canales de televisión y contenidos audiovisuales por internet.
Uno de los aspectos que preocupa a los investigadores es la seguridad de quienes descargan aplicaciones sin conocer su procedencia. El comisario Raúl Rojas, de la BRIDEPI, advirtió que instalar programas de responsables desconocidos puede facilitar la exposición de información privada.
“Estás abriendo una puerta”, señaló el funcionario policial, al referirse a los riesgos que pueden surgir al permitir el acceso de estas aplicaciones a dispositivos electrónicos.
Entre las amenazas potenciales se encuentran el acceso no autorizado a información personal, datos financieros y otros antecedentes almacenados en teléfonos, computadores o televisores inteligentes. No obstante, las autoridades no han establecido que las plataformas investigadas hayan sustraído información de sus clientes o vulnerado sus dispositivos.
La investigación también abrió interrogantes sobre la situación de quienes pagaron por estos servicios, especialmente considerando que algunas plataformas aparentaban operar legalmente e incluso entregaban documentos similares a facturas.
La fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, explicó que la eventual responsabilidad de los usuarios deberá analizarse individualmente, debido a que algunos podrían haber contratado las suscripciones sin conocer su origen ilícito.
Asimismo, indicó que se investigará la posible existencia de estafas, considerando que algunos consumidores presentaron reclamos ante el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).
Hasta el momento, no se ha establecido que todas las personas que contrataron estos servicios enfrentarán consecuencias penales, ya que cualquier eventual responsabilidad dependerá de los antecedentes reunidos durante la investigación.
En cuanto al funcionamiento comercial de este mercado, distintas ofertas disponibles en internet promocionan suscripciones mensuales de entre $5.000 y $15.000, además de planes anuales que pueden fluctuar aproximadamente entre $22.000 y $45.000.
Algunas plataformas también anuncian catálogos de miles de canales, películas y series. Sin embargo, estas cifras corresponden a referencias comerciales generales y no necesariamente a los precios o contenidos de los servicios investigados por la PDI.
Como parte de las medidas judiciales, se concretó el bloqueo de los sitios Ultraiptv, Megaiptv y Megaiptvlatam, mediante una resolución autorizada por un tribunal de garantía y ejecutada a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).
La fiscal Encina destacó el carácter de esta medida, señalando que se trata de una de las primeras aplicaciones de este mecanismo en una investigación penal de estas características en Chile.
“Esperamos seguir expandiendo este tipo de medidas cautelares que ayudan a prevenir que estos delitos sigan ocurriendo”, manifestó la persecutora.
Durante las diligencias también fueron examinadas más de 150 cuentas bancarias, lo que permitió reconstruir parte de los movimientos financieros vinculados al negocio investigado.
Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, destacó la importancia de abordar este tipo de operaciones, considerando los elevados montos de dinero involucrados y su eventual relación con otros delitos.
“Algo que parecería un servicio casi inofensivo con miles de clientes, repito, miles de millones de pesos, más de cien cuentas corrientes, es una actividad ilícita, ilegal, que incumplió varias leyes”, sostuvo la autoridad.
La causa contempla investigaciones por presuntos delitos contra la propiedad intelectual, infracciones a la Ley de Telecomunicaciones, asociación ilícita, lavado de activos y delitos tributarios, cuya eventual responsabilidad penal deberá establecerse durante el proceso judicial.
Mientras continúan las diligencias, las autoridades no descartan ampliar las investigaciones hacia otras plataformas de características similares. En paralelo, la PDI recomienda evitar la instalación de aplicaciones de procedencia desconocida y verificar la legitimidad de los servicios antes de entregar información personal o bancaria.
Los 16 detenidos mantienen la calidad de imputados y su responsabilidad penal deberá ser determinada por los tribunales, conforme avance la investigación.
