La controversia surgió por el retiro de permisos constitucionales de parlamentarios que integran una gira presidencial por Asia. La senadora Ximena Órdenes negó haber autorizado el uso de su firma, mientras Fidel Espinoza descartó una falsificación en su caso.
VALPARAÍSO, REGIÓN DE VALPARAÍSO. — La Fiscalía Regional de Valparaíso abrió una investigación de oficio para esclarecer una eventual falsificación de firma en documentos relacionados con permisos constitucionales del Senado, luego de que la senadora Ximena Órdenes advirtiera que su rúbrica habría sido utilizada sin su consentimiento.
La controversia involucra el retiro de permisos de la parlamentaria y del senador Fidel Espinoza, quienes integran la comitiva presidencial que acompaña al presidente José Antonio Kast en una gira por Asia.
El caso adquirió relevancia en medio de la discusión de la Ley de Presupuestos 2027, debido a que los permisos constitucionales pueden incidir en los quórums requeridos para determinadas votaciones de la Cámara Alta.
Senadora cuestiona uso de su firma y Fiscalía inicia diligencias
La investigación se originó después de que Ximena Órdenes negara haber firmado o autorizado la utilización de su firma en un documento destinado a retirar su permiso constitucional.
Durante una sesión del Senado, el senador Rodolfo Carter solicitó a la Secretaría General de la corporación remitir los antecedentes al Ministerio Público, ante la posibilidad de que se hubiera cometido un delito de falsificación.
La Fiscalía Regional de Valparaíso resolvió iniciar una investigación de oficio, mecanismo que permite al organismo persecutor desarrollar diligencias por iniciativa propia, sin necesidad de una denuncia o querella previa.
El objetivo será determinar cómo se elaboraron los documentos cuestionados, quiénes intervinieron en su tramitación y si existió autorización para utilizar las firmas.
Antecedentes apuntan a una firma manuscrita incorporada desde otro documento
Según antecedentes publicados por Radio Bío Bío, una de las firmas cuestionadas no correspondería a una firma electrónica, como se había planteado inicialmente, sino a una rúbrica manuscrita que habría sido recortada de otro documento e incorporada al escrito que originó la controversia.
La información, atribuida por el medio a fuentes conocedoras del caso, plantea nuevas interrogantes sobre el procedimiento utilizado para elaborar y validar los documentos.
Las mismas fuentes señalaron que este mecanismo sería utilizado habitualmente en la tramitación administrativa de escritos.
Sin embargo, la utilización de una firma reproducida no permite establecer por sí sola la existencia de un delito. Un aspecto central de la investigación será determinar si existió consentimiento de la parlamentaria y si el documento fue presentado con las autorizaciones correspondientes.
En medio de la controversia, el senador socialista Fidel Espinoza descartó que su firma haya sido falsificada y atribuyó lo ocurrido a problemas administrativos relacionados con la tramitación de los permisos.
Investigación deberá establecer si existieron irregularidades
Uno de los aspectos que generó mayor controversia fue el posible efecto del retiro de los permisos constitucionales sobre los quórums de votación del Senado.
Entre las hipótesis surgidas durante la discusión política se planteó que la presentación de estos documentos podría haber buscado modificar el quórum necesario para una votación relacionada con la autorización de endeudamiento.
No obstante, hasta ahora no existen antecedentes acreditados que permitan afirmar que hubo una maniobra deliberada para alterar una votación legislativa.
La investigación deberá esclarecer las circunstancias en que se utilizaron las firmas, las autorizaciones existentes y las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse de la elaboración de los documentos.
Por el momento, no se ha establecido judicialmente la existencia de una falsificación ni responsabilidades penales, por lo que los hechos permanecen bajo investigación del Ministerio Público.



