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Tribunales de O’Higgins ordenan pagar más de $159 mil millones por deudas de pensiones de alimentos

A cuatro años de la creación del Registro Nacional de Deudores, la región contabiliza más de 22 mil inscripciones vigentes y cerca de 43 mil representantes legales beneficiados por órdenes de pago.

RANCAGUA, REGIÓN DE O’HIGGINS. — Un total de $159.020 millones en órdenes de pago por deudas de pensiones de alimentos han decretado los tribunales con competencia en Familia de la jurisdicción de Rancagua, según el balance entregado por el Poder Judicial al cumplirse cuatro años de la entrada en vigencia de la Ley N.º 21.389, que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

Las cifras corresponden al período comprendido entre noviembre de 2022 y noviembre de 2026, durante el cual las resoluciones judiciales han beneficiado a 42.964 representantes legales de niños, niñas y adolescentes, mediante los mecanismos establecidos para facilitar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.

El informe fue presentado con motivo del cuarto aniversario del registro, cumplido el miércoles 18 de noviembre, instancia en que la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, destacó los resultados de la implementación de los procedimientos de cobro contemplados en la Ley N.º 21.484 sobre Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos.

Más de $137 mil millones corresponden a fondos previsionales

Del monto total ordenado pagar en la jurisdicción de Rancagua, $21.104 millones corresponden al Procedimiento Especial, que permite retener recursos disponibles en cuentas bancarias e instrumentos financieros de los deudores. Este mecanismo ha alcanzado a 24.551 representantes legales.

En tanto, el Procedimiento Extraordinario, que contempla el pago mediante fondos de capitalización individual de cotizaciones obligatorias administrados por las AFP, concentra la mayor parte de los recursos, con $137.916 millones en órdenes de pago, correspondientes a 18.413 representantes legales.

Estas cifras reflejan el alcance de las herramientas judiciales destinadas a recuperar recursos adeudados por concepto de pensiones alimenticias, aunque los montos informados corresponden a pagos ordenados por los tribunales y no necesariamente a dineros ya entregados en su totalidad.

Más de 22 mil inscripciones vigentes en la región

El balance también reveló que la Región de O’Higgins mantiene 22.495 inscripciones vigentes en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, distribuidas entre los distintos tribunales con competencia en Familia.

El Juzgado de Familia de Rancagua concentra la mayor cantidad, con 10.321 inscripciones, seguido por San Fernando, con 3.858, y Rengo, con 3.008.

En otras comunas, los registros vigentes corresponden a San Vicente (1.799), Santa Cruz (1.649), Peumo (1.005), Pichilemu (430), Litueche (294) y Peralillo (131).

A nivel nacional, los 141 tribunales con competencia en Familia han ordenado 728.700 inscripciones desde noviembre de 2022, de las cuales 376.644 permanecen vigentes y 352.056 han sido canceladas.

Asimismo, entre el 14 de noviembre de 2022 y el 17 de noviembre de 2026, la judicatura ha decretado órdenes de pago por más de $3,88 billones, monto que, según la presidenta de la Corte Suprema, equivale al 1,98% del Producto Interno Bruto (PIB) de Chile.

Autoridades destacan protección de derechos de la infancia

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, subrayó la importancia de garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones alimentarias, especialmente por su impacto en el desarrollo y bienestar de niños, niñas y adolescentes.

“Si bien la ley va en el camino correcto, no es suficiente, pues se deben adoptar todas las medidas necesarias para respetar los derechos fundamentales de todas las personas y en especial, de los niños, niñas y adolescentes”, afirmó.

Por su parte, el ministro encargado de Asuntos de Familia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Enrique Durán, valoró el trabajo desarrollado por los tribunales y su repercusión en las familias de la región.

“El rol de nuestros tribunales es adoptar todas las medidas para proteger los derechos de las personas y los niños, niñas y adolescentes”, señaló, destacando que el cumplimiento de las pensiones resulta esencial para la protección de la infancia.

El magistrado también advirtió que la implementación de estas herramientas legales ha significado un importante esfuerzo administrativo para los funcionarios judiciales, debido a que las nuevas disposiciones no estuvieron acompañadas de recursos adicionales.

En ese contexto, explicó que los tribunales debieron optimizar sus procedimientos y establecer nuevas líneas de trabajo para responder a las necesidades de las familias y garantizar la aplicación de los mecanismos de cobro.

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