La Fiscalía formalizó a las funcionarias y estudiantes del Liceo Bicentenario Inmaculada Concepción en tres hechos relacionados entre sí. Los cargos incluyen omisión de denuncia, violación de secreto y amenazas.
CAUQUENES, REGIÓN DEL MAULE – Dos funcionarias y cuatro estudiantes del Liceo Bicentenario Inmaculada Concepción de Cauquenes fueron formalizadas en el marco de una investigación que reúne tres hechos relacionados entre sí y vinculados al establecimiento educacional.
La audiencia se desarrolló el 30 de septiembre, oportunidad en que el Ministerio Público comunicó los cargos atribuidos a una autoridad del establecimiento, una profesional del área de psicología y cuatro alumnas que cursan tercero medio.
De acuerdo con los antecedentes entregados por la Fiscalía, la directora subrogante del establecimiento fue formalizada por el delito de omisión de denuncia, mientras que la psicóloga fue formalizada por violación de secreto, este último cargo relacionado con la divulgación de información correspondiente al diagnóstico médico de una estudiante.
En la misma jornada fueron formalizadas cuatro adolescentes, alumnas de tercero medio A, a quienes el Ministerio Público atribuyó el delito de amenazas en contra de otra estudiante.
La fiscal subrogante Carolina Cisternas Guzmán explicó que la investigación pone especial atención en las obligaciones que tienen quienes desarrollan funciones al interior de establecimientos educacionales cuando toman conocimiento de hechos que eventualmente podrían constituir delitos.
“Como Ministerio Público queremos relevar la importancia de que quienes se desempeñan en establecimientos educacionales conozcan y cumplan las obligaciones que establece la ley en materia de denuncia”, afirmó la persecutora.
La fiscal agregó que “frente a hechos que pueden revestir caracteres de delito, corresponde ponerlos en conocimiento de las autoridades competentes sin que sea el establecimiento educacional el que determine por sí solo si estos constituyen o no delito”.
En este sentido, el artículo 175 del Código Procesal Penal establece la obligación de denunciar para directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales respecto de delitos que afecten a sus alumnos o que hayan ocurrido al interior del establecimiento. La normativa establece además un plazo general de 24 horas desde que se toma conocimiento del hecho para quienes se encuentran sujetos a esta obligación.
“Es el Ministerio Público, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, quien debe investigar los hechos denunciados y determinar, sobre la base de los antecedentes reunidos, si estos revisten o no el carácter de delito y las responsabilidades que eventualmente correspondan”, agregó Cisternas.
A raíz del caso, el Ministerio Público reiteró el llamado a la comunidad educativa a cumplir oportunamente con las obligaciones legales de denuncia, particularmente frente a hechos que puedan afectar los derechos y la integridad de niños, niñas y adolescentes.
Las personas formalizadas mantienen su presunción de inocencia, mientras no exista una sentencia condenatoria firme en su contra.
