Diez personas fueron detenidas en una investigación que involucra a funcionarios del Gobierno Regional, cuatro municipalidades y representantes del sector privado. La Fiscalía solicitará prisión preventiva para los imputados.
REGIÓN DEL MAULE – Una investigación encabezada por la Fiscalía Regional del Maule y la Policía de Investigaciones (PDI) permitió desarticular una presunta asociación criminal vinculada a delitos económicos y hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios públicos y representantes de una empresa constructora privada.
Las diligencias derivaron durante la madrugada de este lunes 5 de octubre en allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la región. Como resultado del operativo fueron detenidas diez personas: siete funcionarios públicos y tres empresarios del sector privado, quienes enfrentan su formalización ante el Tribunal de Garantía de San Javier.
De acuerdo con los antecedentes de la investigación, la organización habría operado con participación de funcionarios que desempeñaban labores en el Gobierno Regional del Maule y las municipalidades de Colbún, Longaví, Villa Alegre y San Javier.
La indagatoria apunta a un perjuicio fiscal que bordearía los $2.972 millones, mientras que entre los ilícitos investigados se encuentran fraude al fisco, cohecho, soborno, estafas a entidades de factoring, falsificación de documentos mercantiles, delitos tributarios y lavado de activos.
Según lo informado por las autoridades, parte del mecanismo investigado habría contemplado el cobro de facturas manipuladas mediante el sistema de factoring.
El prefecto inspector de la PDI, Luis Salazar, señaló que durante las diligencias también fueron incautados dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes. “Hay incautación de sus aparatos electrónicos, lo cual también, obviamente, va a ser analizado en los análisis respectivos con las unidades especializadas de la Policía de Investigaciones de Chile y con los equipos de análisis también de la Fiscalía”, indicó.
Por su parte, el fiscal regional del Maule, Rodrigo Peña, explicó que la investigación se inició en octubre de 2024 y confirmó que en la causa se encuentran querellados el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Respecto de las medidas cautelares que buscará el Ministerio Público durante la formalización, Peña afirmó: “Vamos a solicitar la medida cautelar de prisión preventiva en contra de los sujetos porque creemos que la gravedad de los hechos así lo amerita”.
En tanto, el gobernador regional del Maule, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, sostuvo que los hechos investigados comenzaron antes de que asumiera el cargo y señaló que su administración presentó una denuncia el 7 de abril de 2025, luego de recibir alertas de sus asesores jurídicos.
La autoridad regional agregó que, una vez iniciada la investigación interna, uno de los funcionarios involucrados renunció voluntariamente, mientras que otro fue sometido a un sumario administrativo y suspendido de sus funciones.
Las diligencias continúan y los diez imputados enfrentan el proceso de formalización, instancia en que el Ministerio Público expondrá los antecedentes reunidos y solicitará las respectivas medidas cautelares.
