El tribunal estableció la responsabilidad del acusado en hechos ocurridos durante 2018. La denuncia fue presentada por docentes del establecimiento educacional de la víctima, lo que permitió iniciar la investigación dirigida por la Fiscalía.
CONSTITUCIÓN, REGIÓN DEL MAULE. — Una condena de 10 años y un día de presidio efectivo deberá cumplir un hombre declarado culpable del delito de abuso sexual reiterado contra una niña menor de 14 años, tras una investigación desarrollada por la Fiscalía de Constitución y diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones (PDI).
Los hechos se remontan al año 2018, cuando la víctima tenía 10 años de edad. Según los antecedentes acreditados durante el juicio, el condenado aprovechó la relación de convivencia que mantenía con la madre de la niña para cometer actos de significación sexual en al menos tres oportunidades.
La situación fue conocida luego de que la menor relatara lo ocurrido a profesores de su establecimiento educacional, quienes presentaron la denuncia correspondiente, permitiendo que el Ministerio Público iniciara una investigación y encargara diligencias a la PDI.
Entre las actuaciones investigativas se desarrolló una entrevista investigativa videograbada, procedimiento destinado a obtener y resguardar el testimonio de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos graves, procurando evitar su revictimización. También se recopilaron declaraciones del entorno familiar y diversos informes periciales.
El fiscal jefe de Constitución, Alberto Gallegos, explicó que estos antecedentes permitieron sustentar la acusación presentada ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca.
“Gracias a los distintos antecedentes probatorios incorporados en el juicio, en especial el relato realizado por la víctima es que el tribunal resolvió condenar al imputado de iniciales JAPC por el delito de abuso sexual cometido en contra de una niña menor de 14 años en carácter de reiterado, sentenciándolo a una condena de 10 años y un día de presidio mayor a su grado mínimo”, señaló el persecutor.
El juicio oral se desarrolló durante los días 28 y 29 de octubre de 2026, instancia en la que el tribunal examinó las pruebas presentadas y determinó la responsabilidad penal del acusado.
Además de la pena privativa de libertad, que deberá cumplir de manera efectiva, el tribunal dispuso la incorporación de su huella genética al registro correspondiente y estableció la prohibición absoluta de ejercer la custodia de menores de edad, así como de desempeñar funciones en establecimientos educacionales o actividades que impliquen una relación directa y habitual con niños, niñas y adolescentes.
La resolución judicial pone término a la etapa de juzgamiento de una causa iniciada a partir de la denuncia efectuada por docentes, cuya intervención permitió activar los mecanismos de investigación y protección de la víctima.
