El gobernador regional aseguró que los hechos investigados se remontan a 2024 y detalló las acciones administrativas y judiciales adoptadas desde que su administración tomó conocimiento de los antecedentes.
REGIÓN DEL MAULE – El gobernador regional, Pedro Álvarez-Salamanca, se refirió a la investigación que involucra a funcionarios públicos, empresarios y representantes de una empresa privada por presuntos delitos económicos vinculados al uso de recursos públicos, causa que mantiene a diez imputados en prisión preventiva y que también alcanza a personal del Gobierno Regional del Maule.
La autoridad regional sostuvo que los hechos investigados se originaron durante 2024, antes de que asumiera como gobernador en enero de 2025. Según explicó durante un punto de prensa, posteriormente su administración presentó antecedentes ante el Ministerio Público y comenzó a colaborar con las diligencias desarrolladas por la Fiscalía y la Policía de Investigaciones.
“En abril del 2025 presentamos una denuncia en la Fiscalía, justamente porque teníamos antecedentes de que algo estaba pasando con los recursos públicos en el Gobierno Regional”, señaló Álvarez-Salamanca, agregando que desde entonces la institución ha proporcionado los antecedentes requeridos por los organismos investigadores.
De acuerdo con la declaración pública emitida por el Gobierno Regional, la denuncia fue presentada el 7 de abril de 2025. Posteriormente, el 17 de abril de 2026, la institución interpuso una querella criminal contra la empresa constructora, su representante legal y todos quienes resulten responsables.
Respecto de las personas vinculadas al GORE, el gobernador indicó que se trata de dos trabajadores de carrera que se desempeñaban como administradores de proyectos. Uno presentó su renuncia voluntaria, mientras que el segundo enfrenta un sumario administrativo y se encuentra suspendido de sus funciones.
Álvarez-Salamanca explicó que, cuando su administración tomó conocimiento de los antecedentes, el funcionario que permanecía en la institución fue apartado inicialmente de las labores que desarrollaba como administrador de proyectos y trasladado a otra división, antes de quedar suspendido en el marco del procedimiento administrativo.
La investigación, denominada Operación Castillo de Naipes, indaga un eventual perjuicio fiscal cercano a los $2.972 millones, además de al menos $316 millones asociados a presuntos sobornos. Entre los ilícitos investigados se encuentran fraude al Fisco, cohecho, soborno, falsificación de documentos, delitos tributarios y lavado de activos.
La causa derivó el lunes 5 de octubre en la detención de diez personas, entre funcionarios públicos y empresarios, tras un operativo desarrollado por la Fiscalía Regional del Maule y la PDI. La indagatoria comprende actuaciones relacionadas con el Gobierno Regional y distintas municipalidades de la región.
En cuanto a las medidas internas adoptadas para reforzar la fiscalización, el gobernador aseguró que su administración repuso la unidad de control que, según afirmó, había sido eliminada durante la gestión anterior, incorporando controles más estrictos sobre los recursos públicos.
“Hemos adoptado todas las medidas y todas las diligencias, tanto administrativas como judiciales, para que esto se esclarezca a la brevedad”, manifestó la autoridad regional.
El Gobierno Regional informó además que ha puesto a disposición del Ministerio Público, la PDI y los demás organismos competentes los antecedentes solicitados durante la investigación y señaló que también se han requerido medidas judiciales destinadas a procurar la recuperación de los recursos involucrados.
Al cerrar sus declaraciones, Álvarez-Salamanca sostuvo que la investigación debe continuar independientemente de quienes resulten involucrados: “Aquí la investigación tiene que terminar caiga quien caiga”.
